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Ribera calma a las eléctricas pero no las librará del hachazo fiscal de 2.600 millones

Teresa Ribera, en la tribuna del Congreso.

Teresa Ribera, en la tribuna del Congreso. EFE

El Gobierno, junto a todas las formaciones políticas de izquierda del Congreso de los Diputados, saca adelante el plan de choque para intentar abaratar el precio de la luz. 

El Real Decreto obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros. No obstante, Teresa Ribera ha suavizado las medidas y no aplicará la sobre retribución a aquellos contratos fijos firmados anterior a la escalada de precios.

Además, ha indicado que las compañías no sufrirán el hachazo fiscal a «quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria».

Con todo, la principal medida aprobada es la de eliminar los llamados beneficios caídos del cielo a aquellas compañías que se benefician del alto precio del gas ya que no requieren de dicha materia prima para generar electricidad. Dicha medida  es para los próximos seis meses y tendrá en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh –que es el precio medio del gas en los últimos años– y solo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.

El Ejecutivo también ha validado en el Congreso de los Diputados otro hachazo a las eléctricas, que es el generado por los derechos de emisión de CO2 no emitidos, y cuyo coste no asumido repercute en sus precios centrales como las nucleares o las hidroeléctricas, un proyecto que se ideó a principios de 2021, coincidiendo con el inicio de la crisis energética.

La medida sale adelante con los votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno sumará, por lo menos, los votos de Esquerra Republicana (13), y previsiblemente EH-Bildu (5), Más-País Equo (2), la CUP (2), Compromís (1), BNG (1) y Nueva Canarias (1).

Durante la última semana, las principales compañías eléctricas han mantenido diversas reuniones con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para intentar eliminar ciertos puntos del Real Decreto que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 17 de septiembre y que se ha tramitado este jueves. 

Las nuevas medidas han levantado ampollas dentro del sector eléctrico y han creado una división casi insalvable entre las empresas y el Gobierno, con Iberdrola llevando la voz cantante en contra de dichas medidas.

No obstante, las eléctricas sí han conseguido obtener una pequeña victoria como se subrayaba anteriormente y ha dejado fuera del hachazo fiscal los contratos firmados entre eléctricas y comercializadoras a largo plazo (PPA) previos a la crisis energética en la que está sumida España. Estos acuerdos fijan por adelantado un precio de compra y venta, entre el vendedor y el comprador, para evitar, precisamente, los vaivenes en los precios de la materia prima. 

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