Economía

El sector inmobiliario quita peso al impacto de la ley de vivienda: "Es un brindis al sol"

Un comercial de una inmobiliaria muestra a un cliente un chalet en Navacerrada, Comunidad de Madrid.

Un comercial de una inmobiliaria muestra a un cliente un chalet en Navacerrada, Comunidad de Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

La intención de Unidas Podemos de regular el mercado del alquiler para evitar los abusos y corregir los problemas del sector ha marcado, sin duda, su Gobierno con el PSOE. Tras una larga e intensa negociación liderada, principalmente, por Ione Belarra y el ya exministro José Luis Ábalos, finalmente este martes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de vivienda que han pactado ambos partidos.

Ahora comienza el trámite de audiencia e información pública que servirá para perfilar la ley, después volverá al Consejo de Ministros y no se espera que se apruebe hasta el segundo semestre de 2022. A partir de ahí, se abre un periodo de 18 meses para desarrollar y aplicar los índices de referencia de las zonas tensionadas, es decir, la parte de la ley que busca conseguir controlar los precios de los alquileres en manos de grandes propietarios.

Es por eso que el sector de la vivienda percibe que la nueva norma tendrá poco efecto, al menos a corto plazo, en su negocio. Tanto por el largo periodo que llevará elaborar la medida que más podría afectarle (como pronto, entrará en vigor en 2024, año de nueva legislatura) como por la negativa a aplicarla que ya han manifestado multitud de comunidades autónomas.

«Creo que se ha hecho demasiado ruido. Ahora mismo no sabemos nada, sabemos las líneas generales y puede haber mucho cambio por el camino. Y después, las comunidades autónomas del PP no van a hacer nada, y precisamente las que gobierna el PSOE no son las más tensionadas, salvo quizá la Comunidad Valenciana», expresa el CEO de la agencia inmobiliaria online ProntoPiso, Alfredo Díaz-Araque, en conversación con este medio.

Díaz-Araque asegura que, al analizarla, se aprecia cómo es «un brindis al sol». Él apuesta por que la parte del control de los alquileres «no se va a llegar a hacer nunca», y, por otro lado, tampoco cree que la limitación de los precios sea la solución, aparte de considerarla poco realista porque no existen datos objetivos para controlar en qué nivel están los precios.

«Hablar de la incidencia que tendrá en los precios es muy difícil. No podemos saber cómo se va a manifestar al final», coincide con él Montserrat Junyent, responsable de asesoría jurídica del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalaunya (AIC), que también destaca que «habrá que ver» si el texto sufre modificaciones en su tramitación parlamentaria.

«Hacía tiempo que el sector demandaba una ley de vivienda»

Las fuentes consultadas para este reportaje han considerado insuficientes y lentas algunas de las medidas que incluye la ley, y también han echado de menos otras, pero, a la vez, han aplaudido su creación. Consideran que existe un gran problema en el mercado del alquiler, una «obviedad innegable».

«Hacía tiempo que el sector demandaba una ley de vivienda que estuviera centrada en los dos ejes fundamentales que intervienen en el mercado del alquiler: ofrecer seguridad a los propietarios y proteger a los colectivos vulnerables, dos componentes elementales para la estabilidad del mercado», consideran desde el portal inmobiliario Fotocasa.

«Somos conscientes de la sensibilidad en la que se envuelve una política como la de vivienda, y por ello calificamos como positivas las medidas que tienen el objetivo de establecer el derecho social a un hogar digno, al mismo tiempo que equilibrar el mercado del alquiler, aumentar la oferta de viviendas y ayudar a que los jóvenes puedan emanciparse mucho antes», añaden.

Desde los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria también ven de forma positiva los incentivos fiscales que buscan promover que los pequeños propietarios decidan bajar los precios de sus alquileres, otra de las medidas fundamentales de la ley, pero que también está ligada a que decidan hacerlo así las comunidades autónomas.

En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que está a cargo de la medida (ya que también es suya la cartera de vivienda) junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, han insistido en que han sido «milimétricos» con los marcos competenciales del país, y, simplemente, el Estado español no tiene competencias en multitud de aspectos ligados a la vivienda, sino que son las comunidades autónomas las que deben implicarse.

De esta manera, la ley es más una vía para ofrecer instrumentos a las administraciones territoriales para que aumenten la oferta a precios asequibles y regulen los precios, sobre todo en zonas con mayor tensión, pero no establece qué deben hacer y qué no. Pero si las regiones lideradas por el Partido Popular, que ya ha expresado su rechazo a la norma, no aplican estos controles, tampoco podrán hacerlo las ciudades de esas comunidades autónomas que sí estén de acuerdo con la ley.

El miedo a la inseguridad jurídica que «espante» la inversión

Entre las mayores críticas que este periódico ha encontrado al consultar al sector, está el temor de las inmobiliarias a que «ciertos posicionamientos» de la ley, «más bien intervencionistas» puedan llevar a que los inversores se retraigan y huyan a otros mercados.

Díaz-Araque recuerda que algo parecido ha sucedido tras la regulación impuesta en Cataluña: «Hay promotores que han abandonado y mucha de esa inversión se ha acabado yendo a Madrid. Eso produce un desequilibrio, porque Madrid está jugando con unas reglas que no son las mismas que Cataluña y eso reduce la inversión».

A esos efectos, opina que una ley de tal relevancia «debiera ser consensuada entre todos los partidos políticos», de manera que ni varíe su aplicación por regiones, ni sea tumbada si llega a gobernar la oposición. «Sería ideal que la ley salga de un consenso donde todo el mundo esté de acuerdo con las reglas del juego, porque eso tranquiliza al inversor y al sector y da una estabilidad», remarca.

Fotocasa también ha criticado la congelación de las rentas durante máximo tres años, porque opina que se trata de «una medida intervencionista» para los pequeños propietarios y que «podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta». Así, creen que dificultará aún más el acceso a la vivienda, que puede hacer que el parque de viviendas escasee «todavía más», sobre todo, en base a la experiencia de otras ciudades europeas. «Por ejemplo, en Berlín o París se ha demostrado que este tipo de medidas no son eficientes a largo plazo», indican.

El portal inmobiliario también es crítico con el control de los alquileres en manos de grandes propietarios pero al mismo tiempo indica que la medida afectaría a un porcentaje muy pequeño de las viviendas del país, puesto que, aporta, la gran mayoría del parque está en manos de pequeños propietarios. Así, aseguran que la iniciativa no conseguirá una bajada generalizada de precios pero que sí podría conseguir que inversores extranjeros decidan no venir a España.

Sobre esta medida, desde Idealista también la consideran «una mala noticia» para quienes están buscando una vivienda. «Las medidas que se proponen ya se han probado en otros mercados como Cataluña y no han funcionado. Es trasladar un error local a todo el Estado. El control de precios de alquileres ha supuesto la desaparición de gran parte de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad», asegura el portavoz de la plataforma Francisco Iñareta.

«Aprovechar la aprobación de presupuestos para un año para sacar adelante una ley que afectará a una década es un error grave. En España ya vivimos lo mismo cuando en los años sesenta se aprobó temporalmente lo que luego fue conocido como ‘renta antigua’ que arrasó con el alquiler en las siguientes décadas», recalcan.

La ley debería aumentar el mercado del alquiler

Con respecto a qué han echado de menos encontrar en la ley, los diferentes actores sobre todo recalcan que hace falta más vivienda de alquiler, y que son necesarias soluciones más allá de la regularización de los precios, por ejemplo, incentivando que se construya más vivienda, algo que también conseguirá que los precios bajen.

Por otro lado, desde COAPI insisten en la necesidad de incluir en la ley una medida que vele por los derechos de los consumidores que recurren a una inmobiliaria, de manera que se garantice que el operador «tiene una mínima capacitación y transparencia» para mayor seguridad del usuario.

«Lo hemos pedido al Ministerio desde el principio, lo sabe sobradamente pero considera que no hace falta. Pero se necesita una garantía y una transparencia, porque vender vivienda no es vender zapatos. A veces es la primera y única inversión que una familia puede hacer», remarca Montserrat Junyent. El colegio pide este registro de inmobiliarias buscando evitar por ejemplo el fraude por internet. «Son situaciones que sin duda se están dando», insiste.

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