Las grandes empresas españolas tardan en pagar a proveedores 110 días, de media. Son las que más se retrasan en hacerlo, por encima de las microempresas, que tardan 92 días; las pequeñas, 91 días, y las medianas 98 días.

Son datos del estudio anual sobre plazos de pago de Iberinform, que ha analizado 141.000 cuentas anuales de empresas. El informe, que se elabora desde 2010, revela que las empresas españolas nunca han cumplido con la legislación sobre plazos de pago comerciales desde que se aprobó en España, ese mismo año. Y que, por tanto, ya llevan 12 años incumpliéndola.

La ley establece que el límite legal para efectuar pagos comerciales es de 60 días desde que se recibe la mercancía. El Observatorio de Riesgo de Crédito muestra también que los plazos de pago de las empresas empeoraron con la pandemia cinco días de media, hasta los 93 días, frente a los 88 días en los que se situaba en 2019.

Nunca ha bajado de esos 88 y el máximo histórico se alcanzó en 2017, con 97 días. Por sectores, el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) es el que acumula más retrasos, con 104 días, frente a los 87 días del sector servicios, el más "puntual" del mercado español. En medio, la construcción, con 99 días, y la industria, con 96 días.

Por comunidades autónomas, Navarra es la región que menos tarda en pagar de todas, con un retraso de 81 días, seguida de Baleares y Aragón (85), Cantabria y La Rioja (88), Cataluña, Canarias y Castilla y León (89). En el lado contrario de la tabla, entre las que acumulan más retrasos, Andalucía, con 103 días, Extremadura (101), Madrid (97), Murcia y Castilla-La Mancha (96).

En Europa el impago medio es de 14 días

Pero la situación no es más alentadora en el resto de la Unión Europea. Otro estudio de Informa D&B recoge que el periodo de retraso de las empresas europeas se sitúa en los 14 días, casi un día más que antes de la pandemia.

Mientras que las portuguesas son las que acumulan más retrasos, de 26 días de media, seguidas de las italianas, con 18 días, y de las españolas, con 15; Países Bajos es la que paga más rápido, con cuatro días de retraso de media. Es el único país que pospone los pagos menos de diez días más del plazo establecido junto con Alemania, con 6,5 días, los dos "buenos pagadores".

El Estudio sobre Comportamiento de Pago de las Empresas en Europa de Informa recoge que desde principios de 2016, el periodo medio de pago de las empresas españolas se situó por debajo de la media europea, a la que igualó en el cuarto trimestre de 2018. A partir de entonces el retraso de pagos de las empresas en España empezó a superar al europeo, hasta hoy.

Las administraciones públicas también incumplen

En el caso de las administraciones públicas, los ratios no son mejores. Según los últimos datos, con fecha de septiembre, que publica regularmente el Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos tardan en pagar a proveedores 70 días de media; la administración central, 36, y las comunidades autónomas, 28. En total, en ese mismo mes adeudaban 4.612 millones de euros a proveedores.

La situación es la misma que con las empresas en el caso de las entidades locales: llevan sin cumplir con el plazo máximo legal de 30 días desde que existen datos. El periodo máximo incluido en el registro de Hacienda de pago a proveedores por parte de las corporaciones locales se alcanzó en el pico de la pandemia, en junio de 2020, con 99 días, de media, mientras que el mínimo registrado es de 50 días, en diciembre de 2019, lo que supone 20 días de retraso frente al plazo legal.

Las entidades locales que exceden en mayor medida el plazo legal de pago a proveedores, según los datos de Hacienda que ya publicó este medio, son el Ayuntamiento de Jaén, con 606 días; el de Parla (Madrid), con 376 días; Jerez de la Frontera (Cádiz), con 330 días, y Telde (Las Palmas), con 238 días.

Por todo ello, el Gobierno está buscando luchar contra la morosidad comercial, e intentando conseguir que las empresas españolas cambien su cultura hacia el «pronto pago» a través de la Ley Crea y Crece, de Creación y Crecimiento Empresarial. La idea es establecer que las empresas que sobrepasen los plazos de pago no podrán beneficiarse de subvenciones públicas, algo que resultará especialmente doloroso para las pymes en un momento en que los fondos europeos (hasta 140.000 millones) están a punto de empezar a llegar a España.