Economía

La negociación de la reforma laboral transcurre con el silencio que exige Yolanda Díaz

El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha abogado este jueves por aplazar la aprobación de la reforma si no hay un acuerdo para la fecha prevista: "Las prisas no son buenas consejeras"

Yolanda Díaz conversa con Antonio Garamendi en el hotel Ritz de Madrid.

Yolanda Díaz conversa con Antonio Garamendi en el hotel Ritz de Madrid. GUSTAVO VALIENTE | EUROPA PRESS

Quedan 13 días para que termine el plazo fijado por el Gobierno para aprobar la reforma laboral. El plazo «ideal», el que terminaría el día 28 de diciembre, fecha del último Consejo de Ministros programado para este año y que daría lugar a una ley nacida el día de los Santos Inocentes; aunque, realmente, la promesa es simplemente tenerla publicada en el BOE antes del día 31.

Y a escasas dos semanas de esa fecha, impera el silencio. La voluntad de la ministra de Yolanda Díaz ha calado en los negociadores presentes en la mesa, tanto en los sindicatos CCOO y UGT como en las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme. Reina la moderación por encima del ruido.

Preguntado por la reforma laboral en una entrevista y en dos actos, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, se mantenía este miércoles escueto, limitándose a pedir «discreción» y «lealtad» en las negociaciones. Recalcaba que son temas de gran importancia en los que «las prisas no son buenas consejeras», pero no criticaba al Gobierno, no exigía cambios en sus propuestas, no establecía líneas rojas.

Aseguraba que en la cuestión de los empleos temporales, que el Ejecutivo quiere limitar, se está avanzando, sin desvelar detalles de en qué sentido se está haciendo, y exigía una reforma «razonable» pero que no elimine el «espíritu» de la flexibilidad actual, sin especificar tampoco en qué se concreta esta petición.

Este jueves, de nuevo, Garamendi no desvelaba ningún detalle sobre el estado de la negociación y abogaba por aplazar la aprobación de la reforma en caso de que no esté cerrado el acuerdo para le fecha prevista. «Si por casualidad quedan horas, lo lógico es que se aplazara si realmente seguimos avanzando», ha asegurado. «Las prisas no son buenas consejeras».

De la misma manera, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han rechazado en sus apariciones públicas de estos días dar a conocer puntos de fricción, o revelar qué partes ya están cerradas. En su lugar, marcaban su posición en líneas generales y sobre todo animaban a dejar que los representantes de trabajadores y empresas trabajen en paz.

Fue muy diferente durante la negociación de la reforma de las pensiones, que finalmente se firmó en julio por las tres partes, empresarios, sindicatos y Gobierno. Las semanas anteriores los documentos que se compartían cada día en las reuniones protagonizaban las portadas de los medios de comunicación, que publicaban esos textos.

En esta ocasión, se pueden contar con dedos de las manos los detalles de las discusiones entre las partes que durante los últimos meses han llegado a los medios de comunicación. Se han filtrado, asimismo, pocas medidas concretas que estén tensando el diálogo entre las partes: hace dos semanas, se conoció la propuesta de la CEOE, se han conocido algunos cambios en los planteamientos del Gobierno para reducir la temporalidad, pero mayormente las conversaciones están transcurriendo sin dar lugar a grandes titulares.

Al ser preguntados por los medios de comunicación sobre las medidas y apartados de la ley que el equipo de Yolanda Díaz está llevando a las reuniones, las tres partes están respondiendo en bloque: el ruido solo hace más difícil el llegar a un punto en común. En silencio se llega más rápido, y mejor, a acuerdos. «Discreción» es la palabra más repetida.

Y eso que las medidas que en esas reuniones, ahora diarias -frente a las dos semanales que había hasta la semana pasada y a la única reunión semanal que existía hasta hace un mes-, se discuten, vertebrarán la legislación que rija el mercado de trabajo español durante los próximos años. Se está evaluando cómo limitar los tipos de contratos existentes en España para conseguir reducir la temporalidad, la prevalencia de los contratos de sector sobre los de empresa, el coto a la subcontratación y los ERTE permanentes para evitar los despidos.

Se impone el discurso de Yolanda Díaz

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha cansado de repetir que hay que mantener la discreción con respecto a lo que se está negociando. Lo ha proclamado en el Congreso de los Diputados, en entrevistas en medios de comunicación, en ruedas de prensa, al entrar y al salir de actos, eventos, premios y visitas, y lo ha mantenido ininterrumpidamente desde que comenzaron las reuniones en el mes de marzo.

Es esa línea también la que están siguiendo desde los respectivos gabinetes de prensa, tanto de su Ministerio como de los sindicatos y organizaciones de empresarios implicadas, prefiriendo no contestar a las preguntas de los medios sobre qué aspectos están dificultando los avances, o, por el contrario, sobre cuáles no hay discusión y están ya cerrados. Así se están comportando también la mayoría de los sindicalistas y empresarios presentes en las reuniones.

¿Habrá acuerdo a tres?

Sobre si Gobierno, patronal y sindicatos conseguirán firmar, los tres, una nueva reforma laboral antes de que termine el año, o si no será así, como sucedió con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en septiembre o con la subida de las cotizaciones en noviembre -que acordaron, en ambos casos, tan solo el Ejecutivo y los sindicatos-, aún no hay nada escrito.

La posición hoy por hoy conciliadora de los empresarios, en otras ocasiones más beligerantes, hace pensar a las fuentes consultadas por este medio que un acuerdo a tres es posible. Las tres partes, hoy por hoy, mantienen que van a intentar conseguirlo hasta el último momento, y que el interés por participar en este cambio en la legislación es común.

Según la promesa del Gobierno a Bruselas, la norma deberá estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre. Por eso, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mantenía este martes que esta semana deberán terminar de negociar los temas para comenzar a redactar la ley la próxima semana, la parte que se antoja más complicada.

Por otro lado, es importante aclarar que en ningún caso se tratará de una derogación total de la reforma laboral de 2012, pese a que Yolanda Díaz utilice este término. Es así puesto que hay partes de la misma que el Gobierno no se ha planteado cambiar a pesar de las peticiones de los sindicatos, que han exigido recuperar los 45 días por año trabajado de indemnización por despido o los salarios de tramitación.

A la vez, el objetivo no es solo acabar con las partes más perjudiciales de la ley de Rajoy, como el Gobierno las califica, y volver al marco anterior, sino también, mantiene, introducir otras medidas que modernicen el mercado de trabajo, acaben con la excesiva temporalidad y reduzcan la precariedad. En qué medida lo conseguirá, solo podrá conocerse dentro de unos años, pero si algo parece claro es que la ley sí estará lista en escasos 15 días.

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