El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado este lunes que no está interfiriendo en las negociaciones entre el Gobierno y los grupos políticos parlamentarios para conseguir que se apruebe la reforma laboral en el Congreso. La fecha límite para que la Cámara Baja dé su visto bueno a la nueva legislación laboral es este jueves.

"No he llamado a nadie para pedirle el voto", ha explicado Garamendi, máximo representante de los empresarios en las reuniones en las que se redactó la ley, junto con los sindicatos CCOO y UGT y los representantes del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. El portavoz ha contado, en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, lo llamó para trasladarle la posibilidad de que su grupo votara a favor.

"Cuando digo que no se puede cambiar una coma, tampoco quiero que se la cambien a los sindicatos, porque nos hemos dado la mano y el pacto es el pacto", ha añadido, mostrándose satisfecho con lo acordado e insistiendo en que esa legislación contribuirá a dar confianza y estabilidad al sector privado. "Ojalá se apruebe esto pasado mañana", ha dicho.

"Yo he trabajado para que salga. Estoy en la posición de defender que esto salga (...). Estamos satisfechos con lo que se ha conseguido, pensamos que es bueno para el país", ha recalcado, pidiendo también a los partidos políticos que respeten la redacción del texto porque "cada coma ha costado días de trabajo y esfuerzo".

Concretamente, Garamendi ha recordado que esta reforma laboral protege la flexibilidad de la empresa y reduce la tasa de temporalidad, como pedía la Comisión Europea. En este sentido, también ha aclarado que "no se ha tocado" el despido y que los empresarios tendrán que aprender a moverse en la calificación de los fijos-discontinuos para "tener el máximo de contratos indefinidos" en España.

En la misma línea se ha manifestado este lunes el presidente de la mayor organización de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha pedido a los partidos políticos y sus grupos parlamentarios que dejen a un lado la política y "no banalicen" el trabajo realizado entre patronal, sindicatos y Gobierno para llegar a un acuerdo. "Sin querer suplantar la soberanía del Congreso de los Diputados, por favor, que lo valoren", ha insistido.

Subir el SMI puede destruir empleo

Garamendi ha advertido también de que llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros puede provocar una "contracción importante del empleo", pues aún hay empresas que no se han recuperado de la crisis, sobre todo las más pequeñas. La intención del Gobierno es subir el SMI este mes, en principio, con efectos retroactivos a partir de enero.

Ahora mismo el sueldo mínimo en España es de 965 euros al mes en 14 pagas, desde que se subió en septiembre. El Gobierno se reunirá con los empresarios y los sindicatos para negociar una nueva subida el 7 de febrero, aunque en septiembre los empresarios no estuvieron de acuerdo con el aumento.

"Lo de los 1.000 euros lo veo complicado (...). Hay un problema de solvencia en las empresas, todavía las empresas más pequeñitas están bastante ahogadas. Llevamos dos años muy complicados", ha subrayado Garamendi en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.