El Gobierno carece de cálculos del impacto en los alquileres de la nueva ley de vivienda

El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley de vivienda y anunció que remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia. En rueda de prensa, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (ya que también es suya la cartera de vivienda), habló de una "ley histórica que beneficia a la inmensa mayoría de este país" y la comparó con la ley de matrimonio igualitario y con la de eutanasia.

"Demostramos que nos preocupamos, nos preocupamos por las personas pero sobre todo nos preocupamos por los más vulnerables. La vivienda no puede convertirse en una losa que impida que los jóvenes puedan realizar sus proyectos", aseguró Sánchez. En estos meses, desde que en octubre se aprobó el anteproyecto de la misma ley, se han incorporado "observaciones y comentarios que mejoran la ley y aclaran conceptos", apuntó también.

"Es una ley que no va en contra de los propietarios, sino que va en contra de la especulación", recalcó la ministra. "Es una ley que por primera vez en la historia de la democracia aborda el problema de la vivienda.
Nuestra motivación es responder a las necesidades del conjunto de los ciudadanos", repitió.

Sin embargo, fuentes del Ministerio responsable de la medida reconocen que no tienen ningún tipo de cálculo sobre de qué manera va a impactar esta legislación en los precios del alquiler. Tampoco sobre en qué medida va a combatir la especulación o hasta qué punto podrá reducir el número de viviendas vacías en el país, otro de los principales objetivos.

"No podemos permitirnos tener viviendas vacías", expresó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la misma rueda de prensa. "Es muy poco ético tener viviendas vacías cuando hay muchísimas personas, gente joven y no tan joven que no solo no pueden acceder a una vivienda, sino que están viviendo en la calle".

Con la nueva ley, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, pero serán estas instituciones las que deberán decidir si así lo hacen, lo que dificulta el calcular cuántos lo harán, apuntan desde el Ministerio a cargo de vivienda. Hasta ahora se consideran viviendas vacías pisos cerrados durante más de dos años, pero esa definición podría actualizarse.

De la misma manera, la parte de la ley que busca conseguir limitar los precios de los alquileres en manos de grandes propietarios (con más de 10 viviendas alquiladas) queda en manos de las comunidades autónomas. Por un lado, estos organismos deberán decidir si implementan lo que ofrece la ley (ya que esta no tiene ningún tipo de herramienta para obligar a las regiones a declarar zonas tensionadas y a controlar los precios en estas zonas, por un tema de competencias).

Por otro, el texto legal contempla un periodo de 18 meses desde que se apruebe en el Congreso para desarrollar unos índices de referencia de precios que serán los que sirvan para determinar en qué zonas los precios están más altos, y así regular los alquileres, algo que no llegará hasta final de 2023. Desde el mismo Ministerio, por cierto, han reconocido que aún no cuentan con los apoyos necesarios para conseguir sacarla adelante.

El Gobierno aún no cuenta con el índice de precios que necesita, el sistema imprescindible para dar a luz a la parte más proclamada de la ley, y necesitará aún tiempo para conseguirlo, así que, a menos que lo resuelva antes, esta gran bajada de alquileres podría no entrar en vigor hasta la siguiente legislatura. Y eso si es que el Ejecutivo agota la actual.

El anteproyecto de ley se aprobó en octubre en el Consejo de Ministerios, pero después comenzó el trámite de audiencia e información pública que servirá para perfilarlo. Este martes ha vuelto al Consejo de Ministros y desde aquí se remitirá al Congreso de los Diputados, donde está previsto que se apruebe en el tercer trimestre de este año.

Así, si la ley se aprobase en julio, el primer mes del tercer trimestre y por tanto, el más optimista de los supuestos, el plazo para elaborar el mencionado registro terminaría en diciembre de 2023. Y las próximas elecciones generales en España están previstas para noviembre de 2023, siempre y cuando el actual Gobierno termine la legislatura. De lo contrario, podrían tener lugar antes.

Por otro lado, las mismas fuentes del Ministerio han quitado peso a esta parte de la ley, apuntando que solo 150.000 viviendas de un total de 3 millones que conforman el parque español privado están en manos de grandes propietarios. "Con lo cual, el impacto es relativo", han señalado. De este modo, restan importancia a las críticas que señalaban que la ley será un fracaso puesto que un gran número de comunidades ya han dejado claro que no aplicarán estas medidas, y por tanto, no podrán beneficiarse de ellas los ayuntamientos que sí lo deseen y estén en estas regiones.

Sobre el polémico informe en contra de la ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dice que algunas medidas como la regulación del precio del alquiler choca con las competencias reconocidas a las comunidades autónomas, desde el Ministerio han asegurado que están "muy tranquilos" porque ha sido un "trabajo escrupuloso de equilibrio constitucional", así como que no creen que haya "ningún conflicto competencial".