Este lunes, 28 de febrero, termina el plazo que el Ministerio de Hacienda y Función Pública dio al comité de expertos -que él mismo designó hace casi un año- para que entreguen su informe sobre cómo debería ser la reforma fiscal. Después, y en base a sus conclusiones, el Gobierno decidirá qué cambios lleva a cabo. En cualquier caso, estos deberán entrar en vigor en el primer trimestre de 2023, porque así se ha prometido a Bruselas a cambio de fondos europeos.

Pero el departamento de María Jesús Montero no desvela si hará público el informe de los catedráticos, ni cuándo lo hará, argumentando que es cosa de este grupo. Sí aseguran que los expertos aún no han entregado al Gobierno su estudio, por lo que asumen que apurarán el plazo concedido.

Si Hacienda no hiciese público el informe, no sería la primera vez que el Gobierno oculta un documento que ha venido anunciando durante meses. En junio, el comité de expertos que había sido designado por el Ministerio de Trabajo para elaborar un informe sobre la subida del salario mínimo entregó sus resultados, pero no se publicó. Sí se hizo público, en la web de Moncloa, un resumen ejecutivo de 15 páginas con sus conclusiones, pero nada más.

Aun así, Trabajo celebró un acto de entrega del informe de la comisión a la ministra Yolanda Díaz, en el que además la ministra anunció que seguiría confiando en el mismo equipo para seguir estudiando los efectos de la subida del salario mínimo. El Gobierno ha prometido aumentar el SMI hasta que alcance el 60% del sueldo medio en 2023, pero no es fácil concretar cuál es el salario medio en España, motivo principal por el que se creó este grupo de expertos.

Más adelante, el Ministerio de Trabajo encargó otro estudio a una experta sobre el impacto de las subidas del salario mínimo en la desigualdad. Pero como desveló el periódico La Información, este trabajo se entregó en enero y el Ministerio ha preferido no hacerlo público.

La catedrática escogida, experta en análisis socioeconómico y mercado laboral e investigadora de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica, aseguró en Twitter que esperaba que lo publicasen pronto. Esto sucedió poco antes de que el Gobierno aprobase su nueva subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros mensuales en 14 pagas, desde los 965 euros en que se situaba en 2021.

Así, el estudio, del que la autora no ha querido desvelar nada, podría haber contenido dudas sobre si es recomendable subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros, ya que la intención de Trabajo era reforzar sus argumentos de cara a aprobar un nuevo incremento, todo según el mismo medio. Los sindicatos estuvieron de acuerdo con la medida, no así los empresarios.

En el caso de la reforma fiscal, hasta ahora la información brilla por su ausencia. Los expertos llevan trabajando en su documento desde el pasado mes de abril y el Gobierno asegura que no está interfiriendo en sus trabajos, aunque, y como ya publicó este medio, dos de los miembros del comité lo abandonaron este invierno. Ambos han preferido ser discretos, pero las sospechas sobre las injerencias de Montero en su trabajo se han precipitado.

Fuentes consultadas por este periódico y cercanas a los expertos aseguraron que las intromisiones del Gobierno en lo que debería ser el trabajo independiente del comité de expertos habría soliviantado a los dos catedráticos. Además, apuntaban a la intromisión de Alain Cuenca, secretario del comité de expertos y, a la vez, director del Instituto de Estudios Fiscales -adscrito al Ministerio de Hacienda, y, por tanto, alto cargo del mismo-. Cuenca estaría conformando «una pinza» con el presidente del grupo de expertos, Jesús Ruiz-Huerta, que es director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, un centro de estudios vinculado al PSOE.

Cuando se escribieron estas líneas, continuaban conformando el comité, además de Ruiz-Huerta y Cuenca, los expertos en Derecho Financiero y Tributario Fran Adame, Saturnina Moreno, Violeta Ruiz-Almendral, Antonia Agulló, Marta Villar y María Teresa Soler. Y como expertos en Economía, Olga Cantó, Laura de Pablos, Santiago Díaz de Sarralde, Xavier Labandeira, Santiago Lago, Guillem López Casasnovas, Julio López Laborda y David López Rodríguez.

Al menos las líneas generales de sus conclusiones no deberían tardar en conocerse. Después el Gobierno evaluará cómo consigue, a través de las medidas que tome, acercar algo más la presión fiscal española a la europea, actualmente superior entre 7 y 8 puntos del PIB, algo que puede conseguirse subiendo impuestos o creando otros nuevos, pero también eliminando beneficios fiscales.

En ese sentido, expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) advirtieron esta semana de que los cambios deberán ser "muy prudentes" y, si se lleva a cabo una armonización fiscal, esta deberá orientarse hacia un equilibrio entre las normativas de las distintas instituciones, para que las que más aportan puedan compensar.