El Consejo de Ministros, dentro del conjunto de medidas del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania, ha aprobado la prohibición de despedir por la subida de los precios de la energía que durará hasta el 30 de junio.

"Será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tengan que ver con el incremento de precios de la energía", ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. Por tanto, ha especificado que los tribunales obligarán a readmitir a los empleados despedidos por esta causa y las empresas tendrán que devolver las ayudas percibidas.

"No es necesario despedir, tienen ustedes los recursos públicos a su disposición. Teniendo el mecanismo de los ERTE no es necesario hacerlo", ha reforzado. Además, todas las empresas que recurran a los ERTE también tendrán prohibido despedir, como sucedió durante la pandemia. "No pueden despedir los empleadores que recurran a los mecanismos de ERTE", ha dejado claro.

La justificación que ha alegado Díaz es que no tendría sentido destinar recursos públicos para estas compañías, pagándoles salarios y cotizaciones, si después se les permite echar a sus trabajadores.

Además, la ministra ha lanzado una petición a los empresarios: "En crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir. El mensaje es claro. Ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia. Les pido que lo volvamos a hacer".

ERTE para las agencias de viajes

El Gobierno también ha aprobado poner en marcha el mecanismo RED -los nuevos ERTE- para las agencias de viaje. Esta herramienta permitirá a las empresas reducir la jornada y suspender el empleo de sus trabajadores de una manera similar a como sucedía con los ERTE-Covid ante crisis cíclicas y sectoriales.

Las empresas que se adhieran tendrán que presentar un plan de recualificación, con formación para posibilitar la recolocación de los trabajadores en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en otras empresas. También tendrán una exoneración del 40% de las cotizaciones de sus trabajadores a Seguridad Social.