Euskadi tiene la tasa de desempleo más baja del país. Ronda el 8,7% de la población activa. Los últimos datos apuntan a poco más de 113.000 parados. Ahora, el reto pasa por reducir aún más ese indicador y hacerlo elevando los índices de inserción laboral del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Para ello, el Gobierno vasco ultima la primera Ley Vasca de Empleo que reconocerá por primera vez en España el derecho subjetivo de los parados “a las políticas activas de empleo”.
O lo que es lo mismo, por ley se les asegurarán medios y atención para elevar su formación y sus posibilidades de empleabilidad. Un derecho que los ciudadanos podrán exigir que se cumpla y que se traducirá en la práctica en que cada desempleado contará con un ‘tutor’ o profesional asignado desde el Servicio público de empleo que estudiará su caso y le diseñará un itinerario de formación y de búsqueda de trabajo.
La propuesta recogida en el borrador de la ley, que ahora afronta la fase de alegaciones, prevé que en el plazo de dos meses desde su inclusión en las listas de empleo, Lanbide tendrá que tener elaborado un informe personalizado de cada caso y un mes más tarde deberá completar su apoyo con un itinerario formativo personalizado que mejore sus condiciones de encontrar un trabajo.
Una labor de asistencia y seguimiento con el que se pretende mejorar la capacidad de adaptación al mercado laboral. La norma que el Ejecutivo vasco confía en poder aprobar antes de fin de año, garantizaría por ley ese derecho de asistencia personalizada para la formación y a un servicio de orientación laboral.
Definir empleo "de calidad"
La propuesta presentada por la Consejera de Empleo, Idoia Mendia se marca el reto de asegurar a todas las personas “y no sólo a las que se lo puedan pagar” el acceso a la formación continuada en un contexto laboral cambiante y con nuevas exigencias: “Todas las personas deben tener iguales oportunidades de acceso”.
El País Vasco asumió hace una década la competencia de las políticas activas de empleo. Es la última de las comunidades autónomas en hacerlo. Con la norma también se establecerá una definición precisa de qué se considera un trabajo “de calidad”, en la que se incluirá la posibilidad de acceder a formación continuada que permita adaptarse a los cambios del mercado. “Ya no hablaremos sólo de un trabajo seguro, bien pagado e indefinido sino que un empleo de calidad también tendrá que estar vinculado a la calidad de la formación que ofrezca para ir actualizando destrezas y competencias de los trabajadores”, asegura Mendia.
El Gobierno subraya que esa capacidad de adaptación que ofrece la actualización de la formación debe contar con el respaldo público, “y no puede ser sólo para quien se lo pueda pagar”.
Mercado global
Mendia recuerda que la formación en un mercado globalizado como el actual, en el que se compite por la captación del talento “es una necesidad básica para personas y empresas” y por eso no puede depender “de la cartera de cada uno, el servicio público debe responder ante este reto fundamental”.
La propuesta de ley también contempla establecer una coordinación de todas las instituciones vascas, bajo el liderazgo de Lanbide, de las políticas de empleo que se promuevan en el País Vasco. Para ello se contempla constituir un Consejo de Políticas Públicas de Empleo con representación de las instituciones. Además, se creará una única base de datos con las personas que busquen trabajo, así como un único portal en el que instituciones y empresas puedan ofertar puestos de trabajo.
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