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Los consejeros de Indra cesados acusan al Gobierno de dar información confidencial a Oughourlian

Los ejecutivos aseveran que han intentado cumplir con el Código de Buen Gobierno

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Los consejeros cesados en Indra creen que el Gobierno, a través de la Sepi, dio información relevante y confidencial a Jospeh Oughourlian (Amber Capital) antes de que irrumpiera en la compañía. Y así lo dejan entrever en una misiva firmada por ellos.

Los consejeros, en la carta remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), deslizan que en el discurso de la parte representada por Amber Capital, el fondo tenía información que solo podía saber el consejo de administración.

Carmen Aquerreta y Alberto Terol han hecho pública las palabras de Amber Capital en el consejo en el que fueron cesados: «Las circunstancias que han ido concurriendo en el órgano de administración de la sociedad en estos últimos tiempos hacen aconsejable desde el punto de vista del interés social que el Consejo de Administración pueda tomar la iniciativa para una restructuración más amplia respecto de la composición del propio consejo y por tanto de sus comisiones, y ello con la finalidad de dar una mayor cohesión y estabilidad a dicho órgano social, sin perjuicio de que en el momento que proceda corresponderá a esta junta de accionistas adoptar las decisiones que considere más oportunas a este respecto».

Es el enunciado «los últimos tiempos» al que se aferran los dos directivos para considerar que la Sepi había dado información privilegiada y confidencial a Amber Capital, ya que antes de ese consejo de administración el fondo de inversión nunca antes se había sentado en el organismo.

Es decir, que Amber Capital ya tenía en su poder información relevante de las discusiones mantenidas en el consejo, a pesar de que el fondo de inversión no poseía representación dentro de Indra.

Además, Terol, que lideró la oposición a los planes del Gobierno en la compañía tecnológica, considera «llamativo» que Amber irrumpiera de forma estratégica pocos días antes de la junta general y que, a su vez, pudiera valorar «la cohesión y estabilidad» del organismo.

Todos los consejeros, a su vez, remarcan en las cartas emitidas al consejo de administración y a la CNMV que todos los informes de los auditores valoraron con una nota alta la gestión acometida durante su estancia en el órgano ejecutivo de Indra.

Terol, además, hace público que desde que se sentó en el consejo de administración solo se produjeron tres discrepancias de calado: el cese de Fernando Abril-Martorell, el veto al nombramiento como consejera independiente de Rosa García Piñero y el nombramiento de Marc Murtra como ejecutivo.

El líder de los independientes díscolos con la actuación de la Sepi, remarca que al no existir motivos justificados para los ceses de los consejeros, la empresa dependiente del Gobierno acometió la reestructuración del organismo con la pretensión «de conformar una nueva mayoría en el consejo, al que se incorporen consejeros que no se opongan a sus pretensiones, contando para ello con el acuerdo del bloque accionarial que ha aprobado dichas propuestas de cese y no renovación».

Código de Buen Gobierno y decisiones ejecutivas

Con todo, los independientes cesados aseguran que los motivos por los que fueron apartados del consejo de administración se deben al no alineamiento con futuras decisiones tomadas por el organismo en un futuro.

Enrique de Leyva informa que es «posible» que la Sepi «aconsejara» a Amber plantear su cese porque preveía que «ante ciertos cambios que quieran
acometer (tal vez las funciones ejecutivas para el presidente) o ciertas decisiones que quieran tomar en el futuro, mi voto no vaya a ser de su agrado y no se vean capaces de doblegarlo».

Carmen Aquerreta confirma en su misiva que los motivos de su cese se deben a su «defensa del buen gobierno corporativo» y del interés social de todos los accionistas y «no solo el de los significativos».

Ana de Pro, otra de las independientes cesadas, resalta que, a su parecer, «se han incumplido las recomendaciones sobre buen gobierno de la compañía en perjuicio de los accionistas minoritarios, que son la mayoría del accionariado».

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