Ribera obligará a cambiar el alumbrado de las calles e inspeccionará a las comunidades de vecinos

El Ministerio de Transición Ecológica ultima el texto definitivo para remitir a Bruselas su plan de ahorro energético. Desde el pasado agosto, el Ejecutivo ha aprobado diversas medidas para rebajar el consumo de gas y electricidad, tal y como demanda la Comisión Europea con el fin de no depender de los combustibles fósiles de Rusia.

En el borrador al que ha tenido acceso este periódico, Moncloa instará a los ayuntamientos y comunidades de vecinos a ser ahorrativos y, para ello, deberán acometer una serie de reformas energéticas para llegar al porcentaje del 8% de ahorro que exige Bruselas. Así, el Ministerio de Transición Ecológica exigirá a los entes locales “identificar las medidas de ahorro” de forma temporal. Y eso pasa por cambiar el alumbrado público.

El Gobierno considera que es de total importancia renovar las farolas de aquellas ciudades y poblaciones que aún tengan bombillas que no son eficientes. Para el cambio de los alumbrados, el Ejecutivo dotará a los ayuntamientos de liquidez inmediata a través de créditos reembolsables a diez años con un interés al 10%.

No habrá limitación, sin embargo, a las luces de Navidad. El Ejecutivo finalmente no ha incluido la prohibición de poner alumbrado especial propias de esas fechas. A pesar de que se permita implementar estos adornos, el Gobierno sí enviará a los consistorios una serie de recomendaciones para que las cumplan como, por ejemplo, la instalación de luces de bajo consumo o establecer horarios, con el fin de ahorrar todo lo posible.

Fuentes gubernamentales, en este sentido, indican que se está trabajando para que el plan de ahorro energético quede aprobado y puedan ponerse en marcha las medidas que contempla el documento. No obstante, las mismas fuentes ven “complicado que pueda aprobarse” este martes en el Consejo de Ministros puesto que aún faltan por pulir algunas de las obligaciones y recomendaciones. La pasada semana, el Gobierno el Partido Popular se reunieron en el Ministerio de Transición Ecológica para intentar intercambiar impresiones acerca del nuevo reglamento.

Ahorro en las comunidades

Otra de las novedades que se ha incluido en el texto definitivo es el del fomento de ahorro energético en las fincas de vecinos. Según consta en el documento, el usuario encontrará en la factura el consumo medio registrado en el mismo código postal, una novedad con la que se pretende incentivar el ahorro mediante la comparación con los consumidores vecinos. De acuerdo con el Plan provisional, este detalle se incluirá en las facturas con menos de 15 kilovatios (kW) de potencia contratados, cosa que incluye hogares y empresas.

Además, tal y como ya confirmó el Ejecutivo de Pedro Sánchez las comunidades de vecinos deberán también acometer una serie de ajustes para poder ser eficientes y deberán cambiar aquellas calderas que no cumplen con la normativa de ahorro. A su vez, el Ejecutivo incluyó una revisión extraordinaria antes de diciembre de 2022. La ministra Ribera explicó recientemente que para cumplir con la normativa, habrá inspecciones rutinarias de los empleados del RITE (Reglamento de Inspecciones Térmicas de Edificios).

Cabe destacar, en este sentido, que el Partido Popular pidió al Gobierno que aquellos vecinos y usuarios que ahorrasen energía obtuvieran descuentos en sus facturas mensuales. Si un hogar, por ejemplo, reduce su consumo energético entre un 3% y un 7%, tendría una rebaja en la factura de electricidad del 5% y del 10% en el gas. Este descuento sería mayor cuando más importante fuera la rebaja de consumo.

Madrid recurre el plan energético

Este plan energético, de hecho, viene condicionado por la oposición de varias comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid o Euskadi dijeron que no cumplirían con la hoja de ruta del Ejecutivo ya que entendían que apagar los escaparates o regular la temperatura de interiores tendría efectos nocivos contra las economías locales.

Isabel Díaz Ayuso amenazó con llevarlo a los tribunales y eso es precisamente lo que ha hecho. La Comunidad de Madrid presentó este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica del Gobierno, que incluye el plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo de energía en edificios administrativos, recintos públicos y comercios.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, sostiene que el decreto "choca" con competencias que son “exclusivas” de la Comunidad de Madrid.