La pensión de Soledad Alonso llegó en junio con 146 euros menos. Por primera vez, a sus 69 años, Hacienda le aplicaba un embargo y reducía su prestación hasta los 671 euros, tanto en la paga ordinaria como en la extra de verano. Una carta, firmada por el INSS, informaba de la decisión. «Esta dirección provincial [de Málaga] ha aplicado una deducción por embargo (AEAT) en el importe de su pensión», rezaba el texto.

Soledad y su marido, José Luis Fuentes, de 72 años y militar retirado, temían que esta situación llegase en algún momento. Tras pasar él a la reserva, montó una empresa en Málaga que se fue a la ruina durante la crisis de 2008. Desde entonces tienen deudas, y por esa razón la pensión de él está embargada, desde 2010, al límite legal.

Lo que ambos desconocían es que las pensiones inferiores a los 1.000 euros del salario mínimo (SMI) son inembargables, y que en los meses en los que se unen la paga ordinaria y la extraordinaria el límite asciende hasta los 2.000. Lo establece así una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, que viene a aclarar una parte de la ley de enjuiciamiento civil.

Fue leyendo la carta del embargo de su propia pensión, que considera también intervenida por encima de lo legal, cuando José Luis descubrió esta resolución. Después, buscando en internet, conoció que ya el Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en la misma cuestión en varios de sus informes, en los que ha criticado que en los meses de pagas extra el Estado esté embargando pensiones que no superan los 1.000 euros.

«Lo que hacen es interpretar torticeramente la ley, que dice que cuando se juntan dos percepciones deben juntarse las dos para embargar. Pero recibir una paga extra no otra prestación, es que la paga de jubilado está dividida en 14 pagas», expone Fuentes junto a su esposa, que prefiere no salir en la foto, en una larga conversación con este medio.

El INSS reconoce su fallo y levanta el embargo

En cuanto supieron que el embargo era ilegal, lo reclamaron al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Agencia Tributaria. El primero ha reconocido su fallo levantando el embargo de Soledad ante las reclamaciones de esta, aunque cuando se terminó de redactar este artículo no le había devuelto el dinero, ni tampoco le había dicho que lo fuese a hacer. Pero lo que ahora ambos temen es que la Agencia Tributaria podría haber embargado las pensiones de un gran número de jubilados aunque sean inferiores al salario mínimo, incumpliendo la ley sin que estos lo sepan.

¿Cuántos jubilados han sido embargados sin ser este embargo ajustado a derecho?

Según el Ministerio de Seguridad Social, a día de hoy hay unos 100.000 jubilados con parte de su pensión embargada por deudas. «¿Cuántos de esos jubilados han sido embargados, como en mi caso, sin ser ese embargo ajustado a derecho», se pregunta Soledad en su escrito a la AEAT del 5 de agosto, al que ha tenido acceso a este medio, junto al resto de documentación que se cita.

Para su marido, quien ha dado a conocer su caso a este periódico, lo más grave es que la Aeat podría estar cometiendo un delito de prevaricación, «puesto que la autoridad está dictando una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta». El matrimonio describe una fuerte sensación de indefensión al tratar de resolver el embrollo administrativo y encontrarse con la puerta cerrada.

A día de hoy, han presentado escritos a la dirección provincial del INSS de Málaga, han comparecido ante la AEAT, han presentado reclamaciones al Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, así como sendas denuncias ante el juzgado de instrucción número 2 de Torremolinos, donde viven. Un sinfín de documentación que no todos los jubilados pueden elaborar, entiende José Luis Fuentes, ya sea por falta de formación o por escasos recursos. Por eso, el militar retirado ahora busca por internet y a través de asociaciones de pensionistas a personas que puedan estar en la misma situación que su mujer, para asistirles en el proceso de reclamar la parte embargada de su pensión.

Preguntados por este medio, en Seguridad Social aseguran que no dio tiempo a aplicar la resolución del TEAC, de mayo, para las pensiones de junio, pero que lo harán en el próximo mes que los jubilados reciban su paga ordinaria junto a su paga extra. Por su parte, desde la Aeat afirman que levantaron todos los embargos cuando se conoció la citada resolución, pero que al INSS no en todos los casos pudo ingresar el total a los jubilados. También reconocen que antes sí venían embargando las pagas extra, tras una resolución de la Dirección General de Tributos.

Sin embargo, esgrimen que esto «ya está solucionado» puesto que cuando los pensionistas embargados por encima de lo legal este junio han recurrido, automáticamente la Agencia «ha devuelto y con intereses» la pensiones embargadas. Sobre el caso concreto de Soledad Alonso no pudieron proporcionar información al cierre de este artículo, pero insistieron en que ante estos casos, con reclamar es suficiente para conseguir la devolución del dinero, aunque no haya sido el caso de los entrevistados ni tampoco de los otros afectados con los que han entrado en contacto.

Otros jubilados han reclamado lo mismo en Andalucía

El caso de Soledad Alonso no es aislado. A través de internet, José Luis ha conocido a otros jubilados en la misma situación que su mujer. A través de un foro de pensionistas dio con uno en Conil (Cádiz), que aseguraba que él y otros miembros de la Asociación de jubilados de Conil de la Frontera han sido embargados como Soledad, con pensiones de 742 euros. En la también localidad gaditana de Chiclana, otro jubilado aseguró haber sido embargados cuando la suma de su paga ordinaria y extra sumaron 1.440 euros.

Por teléfono, José Luis ha venido asesorando a otros afectados, como otros dos pensionistas de Granada. Ahora, el jubilado está buscando a través de diferentes asociaciones a otros afectados con los que, por un lado, hacer presión de forma colectiva, y a los que echar una mano con sus reclamaciones.

Una disputa judicial

El conflicto viene de la diferente interpretación de la ley de enjuiciamiento civil. En su artículo 607, título Embargo de sueldos y pensiones, esta establece: «1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional». Y sigue: «3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable».

Por este último punto, hasta el año 2020 el Estado no embargaba las pensiones cuando la suma de la paga ordinaria y la extraordinaria superaba el salario mínimo, es decir, en junio y en noviembre. El problema está, por un lado, en qué cifra se toma para aplicar o no ese embargo en esos meses, si la cifra mensual o la anual. Tomando la cifra anual, la pensión de Soledad no supera el salario mínimo, y por tanto es inembargable, pero la ley no establece qué cifra tomar.

Es por eso que el Defensor del Pueblo ha intervenido en diferentes ocasiones. «Ninguna de las normas legales o reglamentarias que recogen la inembargabilidad absoluta del SMI la restringen al importe mensual, descartando el importe anual», señaló la institución el año pasado, concluyendo que la cantidad que debía quedar fuera de embargo en esos meses de pagas extras había de ser de 1.900 euros (el salario mínimo entonces era más bajo que este año).

En respuesta al conflicto, una resolución de la Dirección General de Tributos apuntó en 2020 que las extra sí eran embargables, chocando, según el Defensor del Pueblo, con la ley. Desde entonces, la Aeat ha venido embargando a aquellos pensionistas que en junio o septiembre ingresaban más que el salario mínimo, pero la resolución del TEAC de mayo subraya la necesidad de dar la vuelta a estas decisiones.

Para José Luis, lo que está claro es que el Estado está cargando contra los que menos se pueden defender, por falta de formación y también de recursos. «Si tuviera dinero pondría una demanda en juzgados de lo penal pero necesito procurador y abogado. Pero es que no hay derecho a que a personas que han trabajado toda su vida y están cobrado una mísera pensión les estén robando. Yo entiendo que a mí me tengan que embargar, no protesto por eso, pero embárgame con arreglo a la ley», lamenta el retirado. «Porque yo efectivamente puedo ser mayor, pero como ya dijo alguien por el tema de los abusos de las entidades bancarias, no soy tonto».