Después de una semana de anuncios a medias, el Gobierno concretó ayer cómo será su «impuesto Montero», impuesto a los ricos o impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, como oficialmente se ha bautizado. El nuevo tributo, que se crea de cero y tendrá una vigencia en principio temporal, solo durante los años 2023 y 2024, gravará los patrimonios superiores a los tres millones de euros.

Según aseguró este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa, aquellos contribuyentes con entre 3 y 5 millones de euros deberán someterse a este impuesto bajo un tipo del 1,7%. Pero los tipos aumentan cuanto mayor sea esa fortuna. Los que cuenten con entre 5 y 10 millones de patrimonio, pagarán un 2,1%, y los que posean más de 10 millones, un 3,5%.

Pero más interesante es la letra pequeña del gravamen. El impuesto, en la práctica, sustituirá al impuesto sobre el patrimonio en aquellas comunidades autónomas donde este se haya bonificado al 100%. Es decir, que hoy por hoy solo se aplicará en Madrid y en Andalucía, las dos única regiones que han decidido suprimirlo. En el resto, los contribuyentes no tendrán que pagarlo.

La decisión supone, por tanto, una armonización fiscal por la puerta de atrás, como ya advirtieron que sucedería algunos expertos consultados por El Independiente. Con el cambio legal, que en principio se tramitará como una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, los más ricos de las comunidades autónomas que hasta ahora se hayan visto beneficiados de la bonificación del impuesto sobre el patrimonio ahora deberán pagarlo, aunque con otro nombre: impuesto a las grandes fortunas.

Las regiones perderán así al menos durante los dos próximos años la capacidad de atraer a contribuyentes bajando este impuesto, una de las herramientas más importantes del PP en Madrid y ahora también en Andalucía, de la que ha presumido largamente. Su presidente, Juan Manuel Moreno, proclamó la semana pasada que los andaluces tampoco pagarían este impuesto.

Se abre un escenario de litigiosidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció que si el Gobierno tomaba alguna decisión en este sentido lucharía en los tribunales para recuperar la capacidad de competir fiscalmente con otras regiones. En Hacienda, hoy por hoy, no lo ven así.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda a este periódico, el Ejecutivo tiene todas las de ganar de desencadenarse esta batalla legal. Entienden que el impuesto sobre el patrimonio es un tributo estatal, y este nuevo impuesto está construido sobre ese otro, buscando «velar por su mantenimiento».

Para el departamento de Montero, no se produce doble imposición, porque todos aquellos que paguen el impuesto sobre el patrimonio no tendrán que pagar el impuesto a las grandes fortunas. Además, se mantienen las exenciones y las reglas de patrimonio, así como los incentivos fiscales.

«Siempre que se modifica la tributación», han explicado, ir a los tribunales «entra dentro de lo probable». Pero no hay doble imposición, y a nivel competencial, el Estado está decidiendo activar un tributo que estaba quedando sin efecto en algunos territorios.

«Y es un tema constitucional que el sistema tributario tiene que ser progresivo. Si eliminamos el tributo patrimonial y nos quedamos con el IRPF, que solo representa el 20% de la tarta…», han apuntado para apoyar el razonamiento.

Por otro lado, y aunque en principio el tributo es temporal, desde el lado de Podemos han deslizado que podría terminar siendo definitivo. En la formación morada opinan que todos los impuestos de este tipo en algún momento comenzaron siendo temporales, y así, creen que podría mantenerse en el tiempo.

Hay que recordar que el establecimiento de un impuesto para los más ricos es una de las reivindicaciones de Podemos desde el inicio de la legislatura. El PSOE, en un inicio, se oponía, y en junio incluso votó en contra de una iniciativa en esta línea, alineándose con el PP y con VOX. Pero las tornas ahora han cambiado y los socialistas han hecho suyo el discurso de que hay que cargar más a los que más tienen.

En palabras de Montero: «Hay que pedir un mayor esfuerzo a las grandes fortunas que se traduzca en un beneficio para el interés general».