Economía

Ningún informe avala el impuesto a la banca de Sánchez

Sánchez, en la sesión de control.

Sánchez, en la sesión de control. EP

El impuesto a la banca que se aprobó este jueves en el Congreso ha levantado ampollas tanto en el sector como entre los expertos económicos. Ningún informe avala este gravamen. La gran mayoría de los expertos que lo han analizado coinciden en que perjudicará al sector. El último en hacerlo ha sido el Fondo Monetario Internacional, aunque es el organismo que ha mostrado la mayor tibieza, ya que considera que la figura es una estrategia “bienvenida”. Sin embargo, pide tener en cuenta las consecuencias de lo que se grava.

El miércoles, el organismo monetario publicó un informe que analiza la situación económica española. En este caso, el FMI hizo hincapié en los impuestos de nueva creación, tanto el de la banca como el de las energéticas. En este aspecto advierte al Ejecutivo de los efectos adversos que pueden tener estos dos gravámenes.

«Los nuevos gravámenes en los sectores de la energía y la banca se aplican a los ingresos en lugar de los beneficios, y por lo tanto no tienen en cuenta los costes», comienza el Fondo Monetario Internacional. Esto es algo que ya habían criticado las propias empresas y desde servicios de estudios como Fedea, y que puede derivar en situaciones como que una compañía afectada pague el impuesto cuando, realmente, apenas tiene beneficios o que incluso no los tiene. Para evitarlo, el FMI pide que se supervisen los impactos del impuesto sobre la banca en el crédito disponible y los costes del mismo.

Estas advertencias se suman a las que ya hizo el Banco Central Europeo a principios del mes de noviembre. El BCE publicó un dictamen en el que vertía su opinión sobre este impuesto. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, señaló que este documento no era vinculante y que sirve como una recomendación para el Ejecutivo. En el dictamen, el organismo pide un «análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas” del impuesto a la banca. El BCE asegura que este impuesto pone en riesgo la concesión de crédito, por ello insiste en que hay que garantizar que no plantee «riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real». Además, pide que el tributo sea repercutido a los clientes.

La Asociación Española de la Banca fue la primera que se pronunció sobre este gravamen (más allá de los bancos a título personal). De hecho, creó un argumentario en el que explicaban por qué consideran que el gravamen es malo para la economía. Una de las principales razones es porque impactará en 1.950 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB) cada año, es decir, en 3.900 millones los dos años en los que esté en vigor. Según explica la AEB, por cada 100 euros de recaudación del impuesto, el PIB se reduce en 130 euros.

Los expertos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), perteneciente a la CEOE, también presentaron un informe mostrándose muy críticos con el gravamen. La primera conclusión es que este impuesto es “inconstitucional”, porque hay irregularidades en prácticamente todos los aspectos formales del recargo y asegura que pone en riesgo 72.000 empleos. Además, Jorge Onrubia, profesor de Economía de la Universidad Complutense, considera que prohibir con multa que el gravamen se repercuta al cliente es “la base de una economía planificada”.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha sido de las últimas en pronunciarse. Fedea ha advertido de que los nuevos gravámenes temporales sobre entidades energéticas y financieras «distorsionan la asignación eficiente de los recursos, alterando las relaciones de intercambio de las empresas con los clientes», puesto que la base imposible no son los beneficios extraordinarios de las empresas, sino las ventas (energético) o los márgenes ordinarios (banca). Los profesores Julio López Laborda y Vicente Salas proponen que la base imponible de los gravámenes coincida con los beneficios extraordinarios de las empresas, incluyendo una deducción por el coste de oportunidad de los fondos propios.

También ha hecho un informe el Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN), que concluye que el impuesto extraordinario a la banca tendrá efectos negativos sobre el crédito, la inversión y el empleo, así como en la rentabilidad de las entidades financieras. En este análisis, el ORFIN aporta una valoración informada sobre una serie de consideraciones clave en torno al nuevo impuesto y que resulta fundamental en un escenario económico como el actual, con importantes tensiones inflacionarias y una elevada incertidumbre. En este sentido, sobre la justificación del impuesto debido a los supuestos beneficios “extraordinarios” del sector bancario, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, ha afirmado que “el gran problema que hay es que el sector financiero está muy lejos de obtener beneficios extraordinarios, ya que es un sector de baja rentabilidad”.

Por su parte, Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, asegura que el impuesto a la banca es un gravamen que genera una «gran incertidumbre» en los inversores y «discrimina» a las entidades crediticias españolas. Además es de dudosa legalidad porque, tal y como se ha anunciado, se puede considerar una doble imposición. Bajo ambos gravámenes subyace la cuestión de cómo concretar que un determinado nivel de beneficio es «normal» y un nivel superior de beneficio es «excesivo», lo que contradice la idea de eficiencia económica debido a que la empresa no puede reaccionar ajustando su comportamiento, y ello comportará un descenso de la inversión, creación de empleo y riqueza.

El profesor apunta que la definición de beneficios queda al arbitrio del Gobierno “sin que exista un criterio objetivo que lo sustente, lo que genera una incertidumbre especialmente desaconsejable en la actualidad dada la complejidad del escenario económico” con elevadas tasas de inflación y una ralentización del crecimiento. Así recuerda el razonamiento de que con la subida de los tipos de interés los beneficios aumentan “se ve contrarrestado por el hecho de que aunque aumenten los ingresos, el coste del riesgo también aumenta, por lo que lo que realmente ocurre es que la situación tiende al equilibrio, cosa que no ha ocurrido en el pasado con los tipos de interés en negativo”.

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