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CONVERSACIONES CON EL INDEPENDIENTE

Cómo afrontar como contribuyente el impuesto a las grandes fortunas

Carmen Vivas

Ya es una realidad. Este jueves, el Congreso aprobó finalmente el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, o impuesto a los ricos. El Gobierno anunció esta iniciativa en septiembre, poco después de que el presidente de la Junta de Andalucía proclamase la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en su región, y pese a que en junio el PSOE había rechazado en la misma cámara parlamentaria tramitar una propuesta de Unidas Podemos para imponer un impuesto a los más acaudalados.

El gravamen se recaudará en la declaración de la renta de la próxima primavera, y gravará a los patrimonios superiores a los tres millones de euros. Pagarán, como mínimo, un 1,7%, tasa que aumentará cuanto mayor sea la fortuna. Con el nuevo impuesto, los contribuyentes no podrán quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales, de manera que funcionará como un nuevo impuesto sobre el patrimonio.

Pero, ¿podrá eludirse de algún modo el pago de este impuesto? ¿Llevan razón las comunidades autónomas que lo tachan de ilegítimo? ¿Lo tumbará el Constitucional? Y, si lo hace, ¿recibirán los contribuyentes el dinero de vuelta? Para resolver estas y otras cuestiones, la última edición de Conversaciones con El Independiente ha reunido este jueves a expertos tributarios en un debate que ha girado en torno a la nueva figura.

Bajo la organización del despacho Vaciero y el título Grandes fortunas: posibles impactos, en el encuentro han participado Armando Orejas, asociado senior del Departamento de Fiscal de Vaciero; Andrés García Martínez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid y Ángel Fernández Esteban, inspector del Equipo Nacional de Inspección de la Delegación de Grandes Contribuyentes, moderados por Francisco Vaciero Fernández, presidente de Vaciero.

La constitucionalidad del impuesto

Una de las mayores preocupaciones en torno al nuevo tributo gira en torno a su encaje legal. ¿Qué sucedería si el Tribunal Constitucional lo tumba? ¿Obtendrían los contribuyentes su dinero de vuelta? Los integrantes de la mesa redonda, en la misma línea que algunos de los expertos ya consultados por El Independiente para este reportaje, consideran que no existe retroactividad formal alrededor del impuesto pese a la prisa con la que ha sido aprobado. Tampoco aprecian problemas derivados con la elección del Gobierno a la hora de escoger sacarlo adelante a través de una enmienda a una proposición de ley, que algunos presentes consideran «reprochable».

Afecta a las competencias de las CCAA, y esto va a hacer que en el futuro se declarado inconstitucional»

ANDRÉS garcía, catedrático de derecho tributario

Donde sí aprecian que podría abrirse un debate jurídico es en torno a la invasión de competencias de las comunidades autónomas, que ya no podrán atraer a contribuyentes rebajando su tipo de impuesto sobre el patrimonio. «Es un impuesto que afecta a las competencias de las comunidades autónomas, y esto va a hacer que en el futuro sea declarado inconstitucional», apuntó el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid Andrés García Martínez.

De izquierda a derecha, Armando Orejas, Ángel Fernández Esteban, Francisco Vaciero y Andrés García Martínez.

«Este impuesto lo que hace es si usted tiene bonificado el impuesto en una comunidad autónoma, usted como sujeto pasivo tendrá que pagar este impuesto al Estado. El Estado parece estar legislando en contra de la política fiscal que hayan desarrollando en el pasado las comunidades autónomas, pero sobre todo es una vulneración de las competencias que han asumido las regiones», ahondó. «Este impuesto lo que hace es laminar las competencias de las comunidades autónomas. Yo creo que este impuesto es claramente inconstitucional», dejó claro García.

¿A qué patrimonio afectará?

Ángel Fernández Esteban, inspector del Equipo Nacional de Inspección de la Delegación de Grandes Contribuyentes, aclaró que el llamado impuesto de solidaridad tendrá en cuenta el patrimonio que el contribuyente posea a 31 de diciembre de 2022. Aquí se ha producido un cambio de criterio por parte de Hacienda, ya que inicialmente estaba previsto que entrase en vigor en 2023 para que tuviese efectos recaudatorios por primera vez en 2024. Pero en octubre el Gobierno anunció que finalmente se recaudaría la próxima primavera, lo que dejará menos tiempo a los contribuyentes para planificar.

En este sentido, el inspector Fernández recordó que es probable que aquel contribuyente que decida cambiar su residencia a otro país para tratar de eludir el pago del impuesto termine siendo investigado. «Porque estamos hablando de contribuyentes muy significativos, con más de cuatro millones de euros netos», señaló. «Creo que es una manera de eludir la ley muy forzada», respondió ante las preguntas de uno de los presentes.

Opinión que apoyó el asociado del Departamento de Fiscal de Vaciero Armando Orejas: «Es casi motivo de inspección asegurada el cambio de residencia». De su lado, Fernández también recordó que el impuesto no es solo para residentes en España, sino para aquellos que tienen su patrimonio en el país. Por eso, el profesor García aconsejó a los afectados pagar el impuesto, pero recurrirlo para que conste el desacuerdo del contribuyente con el nuevo tributo, así como para que pueda verse beneficiado de una posible sentencia del Constitucional, si se produjera.

Un impuesto de dudosa temporalidad

Aunque en principio el impuesto a las grandes fortunas solo estará en vigor durante los próximos dos años, existe la duda sobre si se alargará y convertirá en permanente, como ya sucedió en su momento con el impuesto sobre el patrimonio que aprobó el ex secretario de Estado de Hacienda Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Hoy por hoy, solo aplicará a las dos próximas declaraciones de la renta, y será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros.

«Creo que depende, si en las elecciones de diciembre de 2023 cambia el Gobierno sí que existe una posibilidad de que la vigencia sea de dos años. Si no… probablemente no será derogado, seguirá existiendo», opinó el inspector de Hacienda ante las preguntas de Francisco Vaciero. El equipo económico de Unidas Podemos ya ha manifestado sus deseos de convertir el tributo en permanente, pero por ahora sus socios de Gobierno se han opuesto a esta idea.

En definitiva, en el encuentro quedaron patentes las dudas que asolan tanto a contribuyentes como a expertos de diferentes ramas, de la Administración a la academia y los abogados, alrededor del nuevo impuesto, que en el mismo sentido está enfrentando a comunidades autónomas de diferente signo político. Madrid y Andalucía ya han anunciado que recurrirán el tributo ante el Constitucional. Los tribunales decidirán quién lleva razón.

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