Economía | Empresas

La distribución avisa: el impuesto de Podemos a los súper "es echar gasolina al fuego"

Las empresas avisan de que aumentar la carga fiscal que soportan no frenará la inflación y afectará a unos márgenes de beneficio más estrechos que en la mayoría de sectores

Carros en un supermercado.

Carros en un supermercado. Ricardo Rubio / Europa Press

El sector de la distribución está velando armas ante los últimos movimientos del Gobierno para moderar el precio de la cesta de la compra. Tras la polémica que levantó la posibilidad de topar los precios de algunos productos básicos, el Ejecutivo vuelve a la carga en plena recta final de año, donde las compras navideñas estarán marcadas por los efectos de la inflación en los consumidores.

Pero la música que suena en los últimos días por parte del Ejecutivo no es del agrado de la distribución, que insiste en que sus costes operativos no han dejado de crecer mientras que trabaja con uno de los márgenes más estrechos de todos los sectores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugirió en la celebración del aniversario de la Constitución que el tercer decreto anticrisis que prepara Moncloa incluiría medidas para contener el precio de los alimentos.

Un día más tarde, era la vicepresidenta Yolanda Díaz quien revelaba que se ha constituido una comisión negociadora entre las dos fuerzas que conforman el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) para debatir las diferentes propuestas. Las del ala morada, en cualquier caso, no pasan por una baja del IVA que alivie el bolsillo del consumidor; algo solicitado no solo desde la distribución, sino también desde el PP: La apuesta, en cambio, es centrar el foco en los beneficios empresariales.

La también ministra de Trabajo se apresuró a citar informes del Banco de España que, en su opinión, muestran «una traslación directísima de los beneficios de las empresas a las grandes distribuidoras de la alimentación».

Pero este jueves, fue el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien quiso ir un paso más allá volviendo a poner sobre la mesa la propuesta de UP de aplicar un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de supermercados, además de cheques de entre 200 y 300 euros que podrían recibir entre 7 y 8 millones de familias.

Desde las grandes patronales prefieren no pronunciarse públicamente a la espera de que la negociación política arroje medidas más concretas. Pero en privado avisan de que añadir carga fiscal con un nuevo impuesto en un momento como este es como «echar más gasolina al fuego«.

«El problema fundamental de la inflación, no sólo en nuestro sector, es el encarecimiento histórico de la energía y las materias primas, unido a una presión de costes colosal para las empresas. Sería más efectivo tratar de aliviar los costes de las empresas y familias», enfatizan las fuentes del sector consultadas.

De hecho, el argumento es que si no se pone solución en el origen, las medidas pueden tener un efecto contrario al perseguido, además de posibles efectos colaterales como que los agricultores españoles incrementen sus exportaciones a otros países de Europa.

Al hilo de la polémica por un hipotético tope de precios, desde las grandes patronales recordaban que el sector de la distribución en España no tiene nada que ver con otros países de nuestro entorno, con un mercado mucho más concentrado. Aquí, la baja concentración provoca un alto grado de competencia que obliga a operar con márgenes que en algunos casos están por debajo del 3%.

Precisamente, un gran clamor de todas las patronales del gran consumo es que el Gobierno retrase la entrada en vigor al menos un año del impuesto al plástico de un solo uso, que si Hacienda no da marcha atrás, comenzará a aplicarse este 1 de enero con la amenaza de provocar nuevas subidas de precios que afecten al consumidor final.

Además, las empresas de la gran distribución denuncian haberse visto afectadas en el último año por una treintena de medidas que encarecen sus costes por distintas vías. Por un lado, más impuestos y cotizaciones, así como nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad. También ha tenido que hacer frente a importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y dicen afrontar altos costes de transacción ocasionados la complejidad y fragmentación de las normas.

Te puede interesar

Comentar ()