Economía

Los alquileres se disparan más de un 20% en cuatro capitales y amenazan con nuevas subidas

La prórroga del Gobierno del límite del 2% para las subidas de contratos en vigor puede provocar una nueva reducción de la oferta ante una demanda creciente

Una vivienda en alquiler

Una vivienda en alquiler en Madrid. EUROPA PRESS

El precio de los alquileres crece a doble dígito en una decena de ciudades respecto a los niveles de hace un año. Y las grandes ciudades acumulan subidas de hasta el 22,7%. Es el caso de Barcelona, donde la subida acumulada es más del doble de la que registra Madrid (11,2%). Alicante es la segunda de las capitales que se anota un mayor incremento interanual, con una subida del 23,4%, seguida de Valencia (20,9%) y Málaga (20,7%).

En total, 48 capitales tienen precios del alquiler por encima de los de hace un año. En conjunto, el precio del alquiler de viviendas en España se ha incrementado un 8,4% durante los últimos 12 meses, según el último informe publicado por el portal Idealista. Solo Palencia (-4%), Córdoba (-0,3%) y Zamora (-0,1%) se anotan bajadas.

Las subidas en el mercado del alquiler se producen en un contexto de inflación donde el Gobierno está tratando de limitar las subidas que los caseros aplican a los inquilinos cuando les toca revisar el contrato. El Consejo de Ministros estableció el martes una prórroga de seis meses para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2023 y extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la limitación del 2% en la revisión anual de las rentas de los contratos en vigor.

Pero del lado de los propietarios, estas medidas se ven como un peligro. «El principal problema que ha tenido el alquiler en 2022 es el eje sobre el que se vertebrará su evolución en 2023: la falta de oferta disponible. A la fuerza creciente de la demanda se le une una oferta menguante que no encuentra reposición», asegura Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Desde el portal inmobiliario aseguran que las medidas del Gobierno no fomentan la aparición de nuevo producto en el mercado sino que «están provocando la drástica reducción del parque inmobiliario del alquiler». «La ecuación es sencilla: menos viviendas y más demandantes tienen como resultado tensión en los precios», resume Iñareta.

Aunque creen que la tendencia podría alargarse a lo largo de 2023, también consideran que el nivel de precios alcanzado en algunos mercados y la merma de la capacidad adquisitiva de los inquilinos «podría enfriar la sangría de la oferta y la escalada en los precios». En España hay unos 3,5 millones de viviendas alquiladas, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Desde Fotocasa, otro de los principales portales inmobiliarios, aseguran que catorce de las diecisiete comunidades autónomas y 43 de las 50 capitales de provincia presentan los precios más altos desde que el índice que elaboran tiene registros. «Detectamos un déficit de 2,5 millones de viviendas para cubrir la demanda de alquiler en nuestro país y el desfase se acrecienta cada vez más», apuntan.

Según sus cálculos, la demanda de alquiler ha subido este año tres puntos mientras que la oferta ha bajado dos, lo que empuja los precios al alza y dificulta todavía más el acceso a la vivienda en renta. Además, un estudio realizado por esta compañía refleja que uno de cada dos inquilinos afirma que su situación económica le impide adquirir una vivienda.

Demanda contra el Estado

Y el impacto del cambio de política monetaria también traerá consecuencias. Por lo pronto, está ralentizando la euforia por la compra de vivienda y esto provoca que la demanda se aglomere en el mercado del alquiler, llevándolo a una situación «crítica».

En este contexto, desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) recuerdan que el 75 % de los propietarios son particulares con una o dos viviendas y que las destinan al alquiler de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión, sin ser ajenos a los efectos de la inflación.

Además, esta asociación está animando a sus inscritos a presentar una reclamación patrimonial contra el Estado por los efectos del tope del 2%. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANAQ) calcula que en los nueve meses de vigencia de la medida, los propietarios han perdido unos 1.800 millones de euros.

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