El Gobierno trata de reventar la junta de Ferrovial echando por tierra sus razones para irse a Holanda

El Gobierno redobla la presión sobre Ferrovial para intentar frenar el cambio de sede social a Países Bajos anunciado el mes pasado. A escasos tres días la histórica votación que se celebrará en la Junta General de Accionistas de este jueves, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha enviado una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, en la que le garantiza que la constructora puede cotizar en Estados Unidos sin necesidad de trasladar su matriz a Ámsterdam.

De esta manera, el 'número dos' de Nadia Calviño pide a la compañía que preside Rafael del Pino que se lo traslade a sus accionistas en el cónclave del jueves y la firma no lleve a término una decisión que, en teoría, no tiene marcha atrás si cumple con los requisitos establecidos.

El Ejecutivo, que salió en tromba contra la marcha de la constructora, asegura en la misiva que los análisis efectuados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el departamento de Calviño concluyen que no es imprescindible mover la sede para cotizar directamente en Wall Street. "Las conclusiones derivadas de los análisis realizados cuestionan, por tanto, la motivación económica alegada por la compañía para el traslado de su sede a Holanda", sentencian desde el departamento de Calviño.

Desde la compañía se limitan a confirmar que han recibido la carta adelantada por El País, pero declinan hacer cualquier comentario sobre el contenido de la misma. La empresa de la que Del Pino tiene más del 20% del capital anunció a finales de febrero su intención de trasladar la sede de España y alegó como uno de los motivos que el cambio de su matriz le haría más fácil alcanzar el objetivo de cotizar en EEUU.

Lo único que podría hacer dar marcha atrás a Del Pino es el llamado 'derecho de separación', la posibilidad de los accionistas de vender sus acciones a la empresa por no estar de acuerdo con la modificación. La firma fijó en 500 millones de euros la contraprestación que pagaría a esos accionistas que se opongan. Así que, si más del 2,53% de los inversores ejerce ese derecho de separación, el traslado no se llevará a término.

El cambio de sede hizo provocó una amplia ola de críticas de todos los miembros del Ejecutivo, porque es uno de los estandartes de la construcción española por su proyección internacional. Especial malestar generó en Moncloa que Economía no fuese capaz de adelantarse a la jugada y frenarla en seco.

Desde el Departamento de Calviño aseguran que "no se ha identificado ningún obstáculo (legislativo, reglamentario, supervisor o de operativa) para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en los Estados Unidos, ni indicios de su existencia".

En este sentido, confirman que "el Ministerio ha trasladado estas conclusiones a la empresa Ferrovial a los efectos oportunos y, en particular, para que se informe a la Junta de accionistas". Además, dicen que "no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por las bolsas estadounidenses a través de Dual Listing (cotización simultánea)".

Pero al mismo tiempo, la carta asegura que tanto el Gobierno como la CNMV y BME están "comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas". La compañía cree, sin embargo, que no hay ninguna estructura que habilite la posibilidad de cotizar a la vez y además de los hipotéticos cambios normativos, sería necesario solucionar otro tipo de cuestiones técnicas y operativas que llevarían su tiempo.

Ferrovial alegó que se trata de una decisión puramente empresarial que teóricamente le servirá para poder competir contra sus rivales en el mundo y que le permitirá tener mayor liquidez, un mejor acceso a la financiación y una mayor capacidad para atraer inversores extranjeros.