Ni las acusaciones de antipatriotismo, ni las de dumping fiscal han hecho a Ferrovial cambiar de idea. La compañía del Ibex 35 continúa con su plan de trasladar su sede fiscal a Países Bajos y así lo ha trasladado a los inversores el director general económico financiero, Ernesto López.

La constructora que preside Rafael del Pino pretende realizar una absorción de la matriz por parte de la filial Ferrovial International, la sociedad anónima europea neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la empresa.

Ferrovial no se ha referido al marco fiscal de Países Bajos en la presentación de apenas seis minutos que ha realizado este jueves para explicar su plan a los inversores, donde no ha admitido preguntas. La compañía ha justificado su vocación internacional y ha destacado que el 82% de sus ingresos provienen de mercados internacionales y que el 93% de sus inversores son extranjeros.

La constructora tiene como objetivo cotizar en los mercados estadounidenses, un movimiento que puede realizar desde Países Bajos pero no desde España, o al menos, no en las mismas circunstancias, tal como reconoció este miércoles el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El mercado norteamericano es clave para Ferrovial y considera que cotizar allí es "un paso natural".

No obstante, la compañía ha reiterado que la fusión entre matriz y la compañía internacional, así como el cambio de sede, no afectará a la actividad, ni a los puestos de trabajo de Ferrovial en España, ni en ningún otro país en los que opera. En este sentido, ha reiterado que la empresa seguirá cotizando en nuestro país.

López ha descartado que se vayan a producir cambios en el consejo de administración o en la remuneración al accionista, aunque ha señalado que la compañía se adaptará a aquellos cambios que sean necesarios para cumplir con la normativa holandesa.

Después del 14 de mayo

La fusión entre ambas compañías y el traslado de la sede fiscal se producirá después del 14 de mayo, fecha en la que Ferrovial celebrará la Junta General de Accionistas. No obstante, la operación está supeditada a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía se opongan.

Entre las condiciones establecidas por el consejo de administración para la aprobación de esta operación figura que los accionistas que estén en contra de este traslado podrán acogerse a su derecho de separación, una fórmula que recoge la legislación.

Este derecho consiste en la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación justa, que normalmente es el precio de cotización de la compañía, en este caso de 26,7 euros por acción. Sin embargo, Ferrovial ha limitado a 500 millones de euros esta contraprestación para que la operación pueda ser aprobada.

El Gobierno revisa la "letra pequeña"

El anuncio de la salida de Ferrovial ha provocado un profundo enfado en el Gobierno, que ve cómo en plena etapa preelectoral se marcha una de las constructoras insignes del país. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que detrás del movimiento está la voluntad de pagar menos impuestos.

En las filas del Gobierno causó especial malestar que uno de los argumentos esgrimidos por la empresa fuera la seguridad jurídica de Países Bajos, lo que parecía denostar la que existe en España. La firma ha dicho posteriormente que no pone en duda este extremo.

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este mismo jueves que el Gobierno tendrá que ver la "letra pequeña" del cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos para "preservar los intereses" de España.

Durante los últimos días se han barajado varias hipótesis para frenar la marcha, como la aplicación del escudo antiopas que aprobó el propio Ejecutivo con la pandemia y cuya vigencia ha decidido extender. Pero esa posibilidad ha perdido fuerza y la propia Montero ha asegurado que no se contempla ninguna "decisión proactiva".

La salida de Ferrovial también ha agitado al sector de las grandes constructoras del país. Tras los ataques directos recibidos desde las filas del Gobierno, la patronal Seopan (que agrupa a ACS, Acciona, Sacyr, FCC, OHLA y Ferrovial), emitió un comunicado el pasado viernes en el que defendía la decisión de la constructora de Del Pino y amenazaba con tomar medidas legales si la Administración tomaba algún tipo de medida en contra.

Sin embargo, el presidente de la organización, Julián Núñez, aseguró apenas unas horas después que dicho comunicado era solo una opinión personal que no había tratado con la junta directiva de la patronal. Algunas de las empresas cuestionaron el tono empleado contra el Gobierno y forzaron la marcha atrás.