El Gobierno ha decidido no prorrogar la medida en materia de vivienda que incluía primero el paquete legislativo para paliar los efectos que la pandemia estaba teniendo en la economía española, y después, el de la guerra de Ucrania. Mientras que la bajada del IVA de los alimentos continuará vigente, finalmente la prórroga automática de los contratos de alquiler decae.

Según el real decreto, los contratos de arrendamiento debían prorrogarse durante seis meses a partir de la fecha de finalización, una vez agotadas las prórrogas legales de cinco años, y durante ese periodo debían seguirse aplicando los mismos términos y condiciones, es decir, que los propietarios no podían subir el precio de la vivienda. Hay que precisar que el límite de la subida de los alquileres sigue estando en el 2%, puesto que esta medida no formaba parte del escudo social anticrisis sino de la ley de vivienda, y este apartado concreto sigue en vigor hasta finales de año. Después, en 2024, el tope de la revisión de rentas será del 3%.

La intención en un primer momento era que este bloqueo a las subidas del alquiler estuviese vigente hasta que entrase en vigor la ley de vivienda, que tenía previsto limitar los incrementos de precios, aunque finalmente su impacto será limitado puesto que las comunidades autónomas tienen las competencias de vivienda cedidas, y por tanto pueden decidir si aplican o no la nueva legislación. Y las gobernadas por el Partido Popular ya han anunciado que no lo harán. Entre las que sí prevén aplicarla, por el momento solo está Cataluña.

La parte morada de la coalición de Gobierno no ha tardado en manifestar su malestar con la decisión. Para Alejandra Jacinto, candidata en las pasadas elecciones autonómicas a presidenta de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos y ahora responsable de las políticas de vivienda de la coalición Sumar, que caiga la medida es "indignante". Piensa que causará "estragos en miles de personas que viven de alquiler".

En cambio, en el lado socialista explican que tiene sentido que decaiga. "Esta prórroga era una medida extraordinaria y coyuntural que tenía sentido en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos. Por fortuna, ahora la inflación se está moderando gracias a las medidas adoptadas y la gestión económica del Gobierno". También recuerdan que la ley de arrendamientos urbanos ya prevé prórrogas obligatorias para el arrendador de hasta 5 años, es decir, que este cambio solo afectaría para aquellos contratos que hayan agotado todas las prórrogas.

La bajada del IVA de los alimentos continúa hasta diciembre

Por otro lado, sí se han prorrogado, además de la bajada del IVA de los alimentos de primera necesidad, las ayudas al gasóleo para transportistas y ganaderos, y la bonificación de los abonos de transporte público, ambas hasta el 31 de diciembre de este año. Del lado de las medidas energéticas, continúa en vigor la limitación del precio de la bombona de butano. En total, el coste será de 3.800 millones de euros, y contando con lo que se dejará de ingresar, alcanzará los 8.900 millones de euros. Según Calviño, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra.

Además, el Gobierno ha aprobado una deducción de un 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre de 2025, iniciativa que busca ir en línea con la transición ecológica verde. Todas estas medidas que ha aprobado el Gobierno este martes deberán ser aprobadas -o derogadas- por la Diputación Permanente, ya que el Congreso de los Diputados está en funciones a causa de la convocatoria de elecciones.