La decisión final está en manos del Gobierno. El Consejo de Ministros deberá aprobar la solicitud que cursen los fondos para quedarse con el imperio siderúrgico Celsa. La familia Rubiralta, fundadora y dueña de la compañía durante los últimos cincuenta años, apela al filtro del Ejecutivo tras la sentencia del juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que homologa el plan de reestructuración de los acreedores para quedarse con la empresa acerera con sede en Cataluña.

Fundada en 1967 por los hermanos Francesc y Josep Maria Rubiralta Vilaseca bajo el nombre de Compañía Española de Laminación SA (Celsa), ahora está a punto de cambiar de manos si Moncloa no lo impide en base al denominado escudo 'antiopas' aprobado durante la pandemia y ampliado posteriormente.

Los fondos liderados por Deutsche Bank celebraron la sentencia que echa por tierra los argumentos de la familia propietaria de la empresa, que acumula una deuda impagada de cerca de 2.400 millones, en parte derivada de una agresiva política de compras en los últimos años, tras la ruptura familiar que se produjo en 2006 entre los hermanos fundadores, ambos ya fallecidos. El primero retuvo el negocio acerero y el segundo se quedó con la exitosa rama de tecnología médica (Werfen, antes Izasa).

El Gobierno es quien deberá dar el visto bueno definitivo porque la operación está sometida al Control de Inversiones Extranjeras como consecuencia del real decreto ley 571/2023. "La propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros no autorice la operación, para lo que los inversores deben presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización", explican fuentes del Ministerio de Industria.

Los todavía propietarios, que negociaron decenas de refinanciaciones con la banca, dicen en un comunicado que "Celsa, dentro del necesario respeto a la sentencia judicial, velará por los intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía, sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores".

El propio el juez defiende que el plan propuesto por los acreedores "es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa", aunque advierte de que sus nuevos dueños "deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto".

La sentencia, contra la que no cabe recurso, es clave porque se basa por primera vez en la ley concursal aprobada por el propio Ejecutivo. La familia propietaria había pedido al juez que plantease una cuestión de inconstitucionalidad sobre un punto de la norma legal, que el magistrado ha desestimado, y reclamaron que elevase una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si es posible aprobar un plan de reestructuración sin el visto bueno del deudor.

Ahora, expresan en un comunicado que "el plan de reestructuración homologado en sede judicial significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española". Aunque no es la primera sentencia que se basa en la nueva norma concursal, sí es la primera vez que los acreedores arrebatan el control a la familia propietaria de la empresa, que fabrica productos de acero para sectores como la construcción, la automoción, o la industria naval y energética.

Industria negociará con los nuevos propietarios

Desde el departamento que dirige en funciones Héctor Gómez transmiten tranquilidad y explican que "el Gobierno negociará con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del domicilio social en España y la puesta en marcha de una gobernanza corporativa moderna, independiente y profesional".

El propio Gobierno aprobó para la empresa una ayuda de 550 millones de euros para hacer frente al impacto de la pandemia. Lo hizo a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que controlaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Sin embargo, el dinero todavía no se ha desembolsado ya que estaba sometido a la condición de que se alcanzase un acuerdo entre los propietarios y los acreedores. Estos últimos no contaban con la ayuda pública a la hora de trazar su plan de reestructuración.

En este sentido, desde Industria abundan en que para el Ministerio "la prioridad siempre ha sido garantizar el bienestar de los más de 10.000 profesionales que trabajan en Celsa y la estabilidad de sus puestos". Y recuerdan que a ello "se han comprometido los fondos acreedores". Además de Deutsche Bank están SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group. En su día aspiraban a hacerse con el 100% de la firma acerera mediante la capitalización de sus deudas, pero la familia solo se abría a que tomaran un máximo del 49%.

La Generalitat se reunirá con las partes

De momento, los descendientes de los fundadores de Celsa tienen posibilidad de seguir moviendo hilos para tratar de frenar el cambio de propiedad de la icónica empresa fundada hace 50 años y que había sido calificada como estratégica para la producción nacional de acero. El Govern de la Generalitat de Cataluña ha anunciado ya reuniones con las partes implicadas.

Tras conocer la sentencia del juez Álvaro Lobato, los acreedores anunciaron que nombrarán un "nuevo consejo de administración integrado por perfiles muy respetados y de categoría mundial que ayudará a maximizar el potencial de la empresa".

El actual consejo de administración lo forman el presidente ejecutivo de la compañía, Francesc Rubiralta, y sus hermanos Carola e Ignasi. También están los ejecutivos Francesc Messegué y Juan Carlos Orozco, así como los vocales independientes Jorge Sendagorta Gomendio (Sener) y Xavier Pujol Artigas (Ficosa). 

Durante el juicio, los actuales propietarios defendían que Celsa tiene un valor real de 6.000 millones, por lo que era teóricamente capaz de abonar sus abultadas deudas. Pero el magistrado cree que la deuda supera al valor de la compañía calculado por Lazard. El cálculo aportado por sus dueños quedaba bastante lejos del que hacía la firma designada por el juez para tasar el valor del grupo (Lexaudit), que estaría entre 2.400 millones y 2.775 millones. La compañía cerró 2022 con un resultado bruto de explotación de 867 millones y una facturación de 6.084 millones.

Ahora serán los acreedores quienes deban dar el paso y solicitar a Moncloa la autorización definitiva. Dependiendo de los plazos, la decisión de dar el control a los fondos o permitir a la familia que lo retenga podría ser aprobado por un Consejo de Ministros en funciones, agarrándose al carácter estratégico de la empresa. En teoría, el Gobierno tras las elecciones generales solo puede tomar decisiones urgentes o de trámite hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. Y el escenario político pinta para largo.