El Gobierno está preparando un macrodecreto que recoja todas las medidas económicas que tiene que sacar adelante antes de que termine el año. Dicho decreto incluirá normas de dos tipos: por un lado, las que tiene comprometidas con Bruselas y que deben ver la luz antes del 31 de diciembre para recibir el cuarto desembolso de fondos europeos, y por otro las ayudas a ciudadanos y empresas por el todavía fuerte impacto de la inflación, que decaen a final de año. Fuentes del Ejecutivo apuntan que todo podría ir el mismo día al Consejo de Ministros o dividirse en dos tandas, de manera que una se aprobaría previsiblemente el próximo martes y la otra el martes siguiente.

Y es que el Gobierno ha decidido que prorrogará algunas de las medidas que aprobó para luchar contra la inflación. Todavía no ha tomado la decisión, justifican desde Hacienda, puesto que esperarán a que avance algo más el mes de diciembre para seleccionar cuáles continuar en base al mayor número de datos posible -por ejemplo, este jueves se conocerá el dato de inflación definitivo del mes de noviembre-. Por el momento sí se conoce, puesto que así lo anunció el presidente del Gobierno, que la rebaja al IVA de los alimentos continuará en vigor hasta junio, aunque originalmente decaía a finales de este mes.

"Vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio, vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros anuales a los 38.000 para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los siete años y además a partir del 1 de enero el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y para todas las personas con discapacidad", aseguró Pedro Sánchez en el Congreso, durante su primera intervención en el debate de investidura.

El presidente reconoció ser "consciente" de las dificultades de los ciudadanos para llegar a fin de mes y para afrontar el "alto coste de la vida", y por eso es probable que continúe en vigor la reducción del IVA en la factura de la luz y gas, que en principio también expira el 31 de diciembre. Son ayudas que instituciones como la AIReF y el Banco de España han pedido al Gobierno que decaigan, o que las reforme para que se enfoquen en los más vulnerables. De lo contrario, aseguran, le será complicado cumplir con su objetivo de reducir el déficit público al 3% el año que viene, pero por el momento el Ejecutivo considera que tiene margen suficiente para poder mantener algunas de ellas.

Según los cálculos de Hacienda, el próximo año la recaudación de impuestos aumentará un 9%, lo que proporcionará cierto alivio a las cuentas públicas. Sin embargo, eso no explica que haya aumentado el techo de gasto cinco veces más de lo que lo incrementó en ejercicios anteriores. La ministra María Jesús Montero anunció este martes que el Gobierno había aprobado llevar el límite de gasto no financiero hasta los 199.120 millones, un 0,5% más que el año en curso. Sin tener en cuenta los fondos europeos, esto supone un aumento del gasto público del 9%, aunque la Comisión Europea ha advertido de que no puede superar el 2,6%.

Las reformas prometidas a Bruselas

Aparte de la prórroga de las medidas de ayuda, el Gobierno prevé aprobar ya, lo antes posible, una serie de leyes que sí o sí tienen que salir adelante antes de que termine el mes, puesto que así está pactado con la Comisión Europea. El Ejecutivo podría renegociar los plazos, pero por el momento la idea es llevarlas a uno de los próximos consejos de ministros. Entre estas reformas está la de la ley de función pública, posiblemente la más importante; aunque la que más dolores de cabeza producirá será la de los subsidios de desempleo, entre otras. A cambio de estas reformas, España recibirá 10.000 millones como parte del cuarto desembolso de fondos Next Generation.

La nueva ley de Función Pública en principio debía entrar en vigor en el cuarto trimestre de 2022, pero no fue hasta este mes de marzo cuando el Ejecutivo la presentó en el Congreso. Después, el adelanto electoral hizo decaer el proyecto de ley. La reforma, que cuenta con el aval de los sindicatos CCOO y UGT, aunque con el rechazo de CSIF, ha terminado no incluyendo aspectos importantes como la jornada de 35 horas semanales y el teletrabajo, y además los sindicatos lamentaron que careciera de dotación presupuestaria. Sí incluye novedades como una evaluación del desempeño como incentivo, que conllevará la percepción de un complemento por reconocimiento de buenos resultados, en sustitución del actual complemento de productividad.

Lo mismo sucedió con la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que quedó en el limbo con la convocatoria electoral. La ley buscaba "combatir" las puertas giratorias y regular los conocidos como lobbies, e impedirá a un alto cargo realizar actividades en lobbies relacionados con sus competencias hasta dos años después de cesar en el puesto. Además, los lobbies estarán obligados a formar parte de un registro oficial que será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y estará disponible en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. En dicho registro, se deberá incluir datos relevantes sobre los grupos, como el domicilio fiscal, las sedes o sus ámbitos de interés.

Asimismo, el proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que también decayó pro la convocatoria electoral, servirá para crear un organismo público que asume las reclamaciones de clientes que ahora se presentan en el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Tiene como objetivo dictar resoluciones con celeridad en reclamaciones por importe inferior a 20.000 euros.

Pero la que sin duda dará más que hablar será la reforma de los subsidios de desempleo, después de que la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz decidiese marcar perfil político con ella. El subsidio es una ayuda para quienes han agotado el paro que ahora mismo reciben apenas 800.000 personas y que el Gobierno prometió a Bruselas ampliar y mejorar, pero las diferencias entre Trabajo y Economía acerca de por dónde debería orientarse la reforma han hecho que llegue la sangre al río. Por el momento Trabajo asegura que no variará su posición, pero todo está por ver. En medio, la negociación de la medida con los agentes sociales continúa en curso, y ni sindicatos ni patronales parecen muy contentos con las propuestas de la vicepresidenta.