La sociedad estatal de participaciones industriales (Sepi) se hará con el 10% del capital de Telefónica, tal como aprobó el Consejo de Ministros en su última reunión. Esto tendrá un coste de unos 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta la capitalización de la teleco. No obstante, fuentes del Ejecutivo confirman que este movimiento no va a tener "impacto en el déficit y no computa en el techo de gasto".

Esto significa que el Gobierno no va a financiar la operación a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ni se va a producir una inyección de capital, sino que la opción más probable es que la Sepi aumente su deuda para hacer frente a la compra de acciones. No obstante, ni el Ministerio de Hacienda ni la Sepi han respondido a las preguntas de este medio sobre las opciones de financiación que estudia la sociedad a través de la que el Estado participa en empresas.

Cabe recordar que la deuda de la Sepi no computa en las finanzas públicas, no se tiene en cuenta en el cálculo del déficit. Por ello, y al descartar el impacto de la operación en la balanza de ingresos y gastos del Estado, la opción más viable es la de la deuda.

Según la cuenta general del Estado que publica la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las deudas de la Sepi ascendían a 2.997 millones de euros en 2022, siendo 2.980 millones deudas con entidades de crédito. Así, la deuda de la sociedad de participadas aumentaría hasta los 5.000 millones de euros al comprar el 10% en Telefónica.

Como publicó El Economista, el Tribunal de Cuentas recomendó recientemente a la Sepi que aprobase mecanismos internos antes de realizar nuevas operaciones que supusieran incrementar el endeudamiento, "dadas las necesidades de financiación de los últimos ejercicios y las previsibles para ejercicios futuros", indica el documento. Ante estas recomendaciones, la Sepi debería realizar un exhaustivo análisis de opciones antes de incrementar su deuda, como viene sucediendo en los últimos años.

Fuentes de la sociedad explican a este periódico que tras la orden del Consejo de Ministros, la Sepi definirá la operación y también sus opciones de financiación ya que insisten en que "no está definida" la estrategia para el desembolso de los 2.000 millones de euros que costaría la entrada del Estado en la mayor empresa de telecomunicaciones.

En 2020, la Sepi aprobó un fondo de apoyo a la solvencia para empresas cuyas cuentas se vieron muy impactadas por la pandemia. Era un fondo de 10.000 millones de euros, que se cerró en 2022 con 30 operaciones aprobadas por 3.255 millones. En los próximos dos años, la sociedad recibirá los pagos de los vencimientos e intereses de los préstamos concedidos a estas compañías. Con todo, y según la documentación de la Sepi, la capacidad de inversión de la sociedad está cifrada en unos 200 millones de euros, muy por debajo de la cifra en la que se estima la entrada en Telefónica.

El Estado, el principal accionista

Ante la voluntad del fondo saudí STC de controlar parte del capital de la teleco, el Gobierno manifestó estar buscando opciones para proteger a la que consideran una empresa estratégica. Tras el acuerdo en el Consejo de Ministros, Moncloa subrayó que la entrada en el capital permitiría "proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial".

Como publicó este periódico, la compañía controla datos sensibles de millones de clientes y es dueña de las infraestructuras más importantes en el sector de las telecomunicaciones. Este hecho hizo que Moncloa, con el Ministerio de Defensa a la cabeza, dudara de la entrada en el capital social y se opusiera a que STC ostentara casi el 10% del accionariado.

Si la Sepi logra hacerse con el 10%, el Estado sería el principal accionista de la compañía y superaría ligeramente el 9,9% que aspiran comprar los saudíes. La empresa estatal ha remarcado que procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario.