Repsol se levantó este martes con un regalo navideño de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A primera hora del 26 de diciembre, la empresa petrolera recibió la notificación del organismo dirigido por Cani Fernández en la que se comunicaba que se iniciará un proceso sancionador contra la empresa por “por posibles prácticas anticompetitivas, constitutivas de un abuso de posición de dominio, en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España”.

Todo ello viene derivado por la denuncia presentada por la asociación AESAE, en las que unen fuerzas las estaciones de servicio automáticas y de bajo coste. Estas empresas consideraron que los descuentos de las grandes compañías que aplicaron durante la crisis energética derivada por la guerra de Ucrania fueron acompañados por un aumento en el precio en el mercado mayorista de las estaciones independientes, penalizando directamente a dichas gasolineras.

Hace justo un año, la CNMC se presentó en las sedes de Cepsa, BP, Galp y Repsol para obtener información de los descuentos y de cómo eran aplicados y si de verdad se ejercía un abuso de poder en el mercado petrolero que conllevaba una subida de precios reales. Estas compañías, cuando el precio marcó precios históricos llegando a tocar casi los dos euros por litro de combustible, iniciaron una campaña de ofertas a sus clientes. Además de los 20 céntimos que debían descontar porque así lo exigía el Ejecutivo, las operadoras lanzaron rebajas adicionales que llegaron hasta los 30 céntimos.

Este periódico contó que la CNMC tenía decidido archivar las investigaciones ya que durante todo el período de monitorización no encontraron motivos para incoar expedientes sancionadores contra las gigantes del mercado nacional. Finalmente, Repsol es la única culpable a ojos del organismo de competencia. Cepsa, BP y Galp han salvado los muebles y sus informes quedarán archivados.

La CNMC sostiene que la a habría aprovechado su posición de dominio en el mercado mayorista de hidrocarburos en España para llevar a cabo las siguientes conductas desde marzo hasta diciembre de 2022. Los principales motivos son por un lado, ofrecer descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago. Y, por otro, incrementar el precio que terceros competidores —estaciones de servicio independientes— pagan (a Repsol) por adquirir el combustible en el mercado mayorista.

Repsol, por su parte, se defiende y alega que “la compañía no tiene una posición de dominio en el mercado de carburantes español y cumple de forma estricta con la regulación en materia de competencia. La compañía ha hecho un importante esfuerzo para ayudar a sus clientes a través de descuentos y hacer frente así a las subidas de precios derivadas de la guerra en Ucrania, con más de 500 millones de euros destinados a descuentos en sus estaciones de servicio en España”. Por tanto, la empresa entiende que la CNMC “ha abierto un expediente sancionador por una medida dirigida a favorecer a los consumidores”.

Fuentes del sector energético confirman a este periódico que el enfado en la sede de Repsol es mayúsculo debido a que solo se ha señalado a la compañía en la investigación. La petrolera piensa que la política comercial fue exactamente la misma que la de Cepsa o BP y éstas se han librado.

Venganza

Con todo, las fuentes consultadas explican en conversación con este periódico que el fallo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tiene “tintes políticos” y que el Gobierno se ha cobrado las decisiones de Repsol en los últimos tiempos.

La petrolera ha sido una de las compañías del Ibex 35 que más ha criticado los impuestos a los ingresos a energéticas y bancas. Además, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha criticado la incertidumbre legal a la hora de acometer inversiones en España. Este cúmulo de cosas provocó que la compañía amenazara con llevarse los proyectos a otros países como Portugal.

"La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", dijo recientemente Imaz. "Pero de nuevo vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados", destacó.

Antes, Repsol tomó la decisión de paralizar las inversiones en diversas plantas en Tarragona y en Euskadi, bajo el paraguas de Petronor.

Las fuentes consultadas indican que Repsol teme que el argumentario de Imaz haya sido utilizado en contra por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por eso, la compañía ha sido la única sancionada de todas las compañías petroleras.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, tras las palabras de Josu Jon Imaz no dudó en contestarle. "Yo lo que creo es que todas las personas que tienen altas responsabilidades en nuestro país y los grandes empresarios tienen que tener un compromiso con nuestro país".

Desde los despachos de la empresa tampoco se entiende que se haya investigado a una compañía que rebajó el precio de los carburantes por encima de lo que marcó el Gobierno. Las fuentes consultadas remarcan que gracias a los descuentos "el propio Ejecutivo se aprovechó para evitar una presión en la inflación".