La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a dar carpetazo “en las próximas semanas” a la investigación iniciada en diciembre de 20222 por la subida de precios de los carburantes.

Según indican fuentes conocedoras de la operación, el regulador está “ultimando el informe” en el que se extraen las principales conclusiones de las razones por las que las principales gasolineras del mercado nacional (Repsol, Cepsa, BP y Galp) incrementaron los costes de los derivados del petróleo durante 2022, año en el que se marcaron máximos históricos.

Además, se dio la circunstancia de que el incremento en el precio de la gasolina y del diésel coincidió con la implantación del descuento de 20 céntimos por cada litro repostado, propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A juicio de la CNMC, los carburantes sufrieron subidas anómalas, dejando entrever que las principales operadoras petroleras que operan en España podrían haberse beneficiado de las rebajas para inflar el precio del litro.

Las prácticas anticompetitivas pueden derivar en una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según recordó ayer el organismo en su comunicado. Estos artículos hacen referencia a prácticas de cartel (fijación de precios, limitación de producción, reparto de mercados y similares) y de abuso de posición dominante (que implica prácticas similares pero llevadas a cabo individualmente por una empresa, sin concertación con otras).

Las multas previstas por la infracción de estos artículos tienen carácter muy grave, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio. No obstante, fuentes del sector energético explican a este periódico que “la investigación quedará archivada sin consecuencias” dado que durante estos meses no han encontrado “pruebas” para poder afirmar que las petroleras inflaron a propósito el precio de los carburantes.

Cabe recordar que las gasolineras low cost denunciaron en su día las presuntas prácticas de las grandes compañías. En concreto, pusieron en conocimiento ante Competencia la estrategia comercial y operativa de las tres grandes petroleras por los altos precios mayoristas que les cobran por los combustibles y por los agresivos descuentos que aplicaban a los clientes de sus propias gasolineras y que suponía vender sin apenas márgenes.

Fuentes conocedoras de la situación indican que la CNMC dejará de monitorizar a las principales compañías petroleras que operan en España “en las próximas semanas” y se emitirá un informe indicando las conclusiones.

Por otra parte, fuentes del sector energético remarcan que la investigación tuvo “tintes políticos” ya que el “los costes energéticos eran demasiado altos” y el Ejecutivo de Pedro Sánchez “quería desviar la atención” y cargar “la culpabilidad” en las empresas. Durante meses, Repsol, Cepsa o BP se pusieron a disposición de Competencia y entregaron toda la documentación necesaria para resolver la investigación. La principal compañía petrolera en España ha defendido siempre “el cumplimiento estricto de las normas de competencia”.

Las empresas petroleras, por tanto, esperan que no se produzca ninguna sanción debido a que han cumplido con las leyes del mercado.

Más impuestos a carburantes

La OCDE considera que España tiene que aumentar los impuestos a los carburantes para que el precio tenga mejor en cuenta el coste de las emisiones de carbono, pero puntualiza que para que eso sea asumible socialmente debe ir acompañado de ayudas selectivas para "los más vulnerables".

En su informe anual sobre reformas estructurales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insiste en que hay que elevar el precio que se impone a las emisiones del que es el principal gas de efecto invernadero tanto en el transporte por carretera como en otras actividades.