Algo más de dos meses después de asumir la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la nueva ministra Elma Saiz ha comparecido por primera vez en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales que su departamento seguirá esta legislatura. Como el resto de titulares de carteras, Saiz ha explicado en la correspondiente comisión el plan que seguirá durante los próximos cuatro años, y ha contestado a las preguntas de los portavoces del resto de partidos con grupo parlamentario.

Fomentar la jubilación parcial

El Gobierno tiene previsto aprobar una nueva regulación que permita compatibilizar el trabajo y una pensión. La idea es "favorecer la salida gradual y basada en la voluntariedad del mercado de trabajo", algo que iría de la mano del fomento del contrato de relevo, con la idea de aprovechar el conocimiento del trabajador que abandona el mercado laboral. Según el Ministerio, "hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria" que ahora no alargan su vida laboral por falta de vías para conseguirlo, de ahí el reto para favorecer esta situación. 

La ministra no ha entrado en detalles, pero la jubilación parcial ya existe a día de hoy, el problema está en su letra pequeña. Actualmente, para las empresas la complicación es que el trabajador que se ha jubilado parcialmente tiene que cotizar al 100% de su anterior base de cotización, independientemente de que se emplee durante solo un tercio de la jornada. Es decir, que la empresa tiene que abonar a la Seguridad Social lo mismo que el empleado si trabajase a jornada completa, lo que suponía un coste extra frente al contrato de una persona a tiempo parcial, por la que solo tenía que pagar la parte proporcional de esa cotización. 

Pero la opción más evidente, el recorte de la cotización de forma proporcional, repercutiría negativamente en la pensión de los trabajadores a lo largo de toda su vida, y eso desincentivaría que los casi jubilados acepten mantenerse en el mercado laboral aunque sea parcialmente. Por otro lado, también existe ya la jubilación activa, que permite a jubilados compatibilizar el cobro de su pensión con una actividad laboral, pero solo después de haber llegado a la edad legal, lo que no produce ahorro alguno en gasto en pensiones. 

La idea ahora es tratar todos estos temas en el diálogo social para tratar de llegar a un acuerdo en estas materias, incluyendo también la regulación de la jubilación anticipada en el caso de profesiones especialmente delicadas (penosas); cambios en las mutuas para agilizar la gestión de las bajas laborales en pleno colapso del sistema sanitario y otra serie de materias que quedan pendientes, algunas a cambio de fondos europeos. 

Simplificar el acceso a prestaciones 

“Tenemos que seguir avanzando. Queremos eliminar la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular que ahora mismo supone en la práctica que se tenga que volver a solicitar la prestación, y queremos eliminar la extinción automática [que sucede con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar beneficiario de IMV]”, ha puesto como ejemplo Saiz. La titular de Seguridad Social ha reconocido que las prestaciones tienen brechas de cobertura amplias, de manera que no todas las personas que tienen derecho a una prestación la solicitan, y por eso ha anunciado actuaciones específicas para buscar potenciales beneficiarios y el impulso de nuevas medidas.

La creación de la Agencia de la Seguridad Social debería impulsar la consecución de estos objetivos, al integrar las diferentes entidades que ahora componen el organismo, tal y como se incluyó en las Recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020. A través de esa agencia, ha valorado la ministra, podría conseguirse que el beneficiario pueda cobrar la prestación a la que tiene derecho sin necesidad de solicitarla. "Queremos llegar, y llegar bien, a todos los ciudadanos", ha dicho Saiz.

Por otro lado, ha anunciado la creación de un laboratorio que evaluará las políticas públicas dirigidas a personas vulnerables, con el objetivo de sacarlas de su situación de exclusión. A día de hoy se está llevando a cabo un proceso de evaluación que terminará en marzo y a partir del cual se extraerán conclusiones sobre qué actuaciones deben llevarse a cabo para realizar este acompañamiento. La ministra también ha aceptado la propuesta de una diputada de valorar que se permita el cobro simultáneo de una pensión no contributiva y la renta mínima de inserción, algo que a día de hoy no es posible por ley.

Llenar la hucha de las pensiones y alcanzar el equilibrio presupuestario

Saiz ha adelantado que la 'hucha de las pensiones', conocida formalmente como el Fondo de Reserva, espera terminar este año con 9.000 millones de euros, frente a los 5.500 millones que ahora registra. El objetivo es que llegue a los 25.000 millones al cabo de la legislatura, con el objetivo de que sea una “ayuda” cuando se produzcan desequilibrios entre los ingresos y los gastos del departamento.

Del lado del déficit de la Seguridad Social, la ministra ha apuntado que se ha reducido en más de un punto desde 2018, y que cerró el ejercicio pasado en el 0,5% del PIB, lo que conducirá próximamente “al equilibrio presupuestario” a la vez que los pensionistas mantienen su poder adquisitivo gracias a la ley de 2021 y pese a la elevada inflación de los últimos años. En lo que Saiz no ha hecho tanto hincapié es en la manera en la que se conseguirá tanto llenar la hucha como mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que es la subida de las cotizaciones sociales del conjunto de los trabajadores, y la razón por la que esta semana muchos han visto menguar sus nóminas. LINK

Subir las pensiones mínimas y no contributivas

Tal y como se acordó en el pacto de coalición, Seguridad Social ha reiterado que garantizará el poder adquisitivo de las pensiones más bajas, con el objetivo de que alcancen el 60% de la renta mediana en 2027, en el caso de las mínimas, y el 75% del umbral de la pobreza en el caso de las no contributivas. Por tanto, ha concretado la ministra, este tipo de pensiones tendrán que subir entre el 5,8% y el 6,9% anual.

Como ya es evidente, también ha recalcado que las pensiones contributivas se revalorizarán cada año con el IPC, pese a que en los próximos años el sistema de jubilación afrontará la jubilación de la generación más numerosa de la historia de España, la del 'baby boom'. En esa línea, ha recordado que hoy día los pensionistas cobran más de 300 euros más al mes que en 2018, y que la pensión mínima ha subido un 29% en estos años, 4.000 euros más en total.