El Gobierno aprobó este martes una línea de 2.500 millones de euros de avales a través del ICO para que jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a cargo puedan acceder a su primera vivienda. Esta medida, que aspira a ayudar a 50.000 personas, consiste en que el ICO avala el 20% del valor de la vivienda para que pueda acceder a una hipoteca. Esto beneficia a la persona porque no tendrá que tener nada ahorrado para financiar su compra. Sin embargo, el hipotecado sí que tendrá que hacer frente al 100% del dinero prestado, lo que le puede salir casi 3.000 euros al año más caro, ya que los intereses se calcularán sobre el valor total de la vivienda.

En un préstamo de 200.000 euros, la cuota mensual pasaría de 928 euros al mes a 1.160 euros, lo que supone unos 232 euros más al mes. Esto supondría que al año, el hipotecado tendrá que pagar 2.782 euros al año de más. Además, según los cálculos de Kelisto.es, el total de intereses se elevaría de 78.324 euros a 97.906, es decir, que al final del préstamo hipotecario habrá pagado 19.581 euros más en intereses.

Sin este aval, el hipotecado podría acceder solo a una financiación de 160.000 euros, ya que, normalmente, los bancos ofrecen el 80% del precio del inmueble, aunque siempre hay excepciones. Así que tendría que tener ahorrado 40.000 euros para poder comprar esa casa. Y esta es la principal razón de por qué el Gobierno ha sacado esta línea de avales, ya que el problema más importante de los jóvenes es que no han podido ahorrar para poder poner ese 20% que exige el banco.

Sin embargo, el financiar el 100% de la compra de la vivienda tiene el riesgo de que salga más caro por los intereses y por la cuota se hace sobre el total del precio de la casa. Este aval del 20% no significa que el Gobierno da esa cantidad a la persona que se quiere hipotecar, sino que en caso de impago, sería el ICO el que respondería ante el banco o entidad financiera. Es decir, la persona tendrá que pagar el total del precio más los intereses sobre ese 100%.

Julio Díaz es profesor del CEF.- Centro de Estudios Financieros y de la UDIMA, explica que el principal problema de ese colectivo es el de no tener dinero suficiente ahorrado y que el aval alivia la primera barrera de entrada. Pero matiza que hay un problema endémico que es la precariedad laboral que tiene efectos a medio y largo plazo y podría tener consecuencias a la hora de poder pagar las cuotas. 

El aval en sí no tendrá coste, es decir, ni el cliente ni el banco pagarán por pedir tener un aval, que en algunas ocasiones sí que lo tiene y que suele oscilar entre el 0,5% y el 1% del valor de la hipoteca. Lo que sí que tendrá que tener en cuenta es que el consumidor deberá contar con un 10% del valor de la vivienda para gastos iniciales. 

Hasta ahora, lo único confirmado es que el importe máximo de las hipotecas respaldadas por el Estado no puede superar el 100% del valor de la vivienda financiada (tomando el valor más bajo entre el de compra y tasación). Teniendo en cuenta las estimaciones iniciales del Gobierno, que calculaba que el coste de esta medida sería de 2.500 millones de euros y que el número de potenciales beneficiarios sería de 50.000, el aval medio del ICO para vivienda ascendería a 50.000 euros por solicitante. Dado que la hipoteca que se podrá avalar con esta ayuda podrá ser de hasta el 100% del valor tasación o de compra de la vivienda (el menor de los dos), el coste medio del inmueble a comprar sería, como mucho, de 250.000 euros, según los cálculos de Kelisto.

Ante esto, desde Asufin piden que estos préstamos ICO se otorguen libres de vinculaciones con bonificaciones de precios, en forma de seguros, y otros productos. “Ya tuvimos la experiencia de los ICO para las pymes que se dieron en la época de pandemia y no queremos que eso les pase a nuestros jóvenes”, apuntan desde la asociación.

Una de las críticas que levanta esta medida es que los bancos pueden encarecer su producto. Tal y como señalan desde HelpMyCash, aún es temprano para saber si los bancos ofrecerán préstamos más caros o más baratos que los actuales. Sin embargo, este programa ya está instalado en algunas comunidades autónomas con acuerdos con las principales entidades y la oferta es la misma que en clientes sin ese aval. Además, muchos bancos tienen entre sus productos hipotecas específicas destinadas a este colectivo, en el que también financiación más allá del 80%. 

Todavía no se conoce qué entidades estarán dentro de la medida, pero desde el Gobierno confían en que la mayoría de los bancos se adhieran. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrado su confianza en el respaldo mayoritario de las entidades financieras en base a las reuniones mantenidas por el Ejecutivo con el sector y porque, a su juicio, “las entidades han de ser unas aliadas (del Gobierno) en políticas de vivienda”.

A pesar de esta ayuda, los bancos seguirán haciendo un análisis de riesgo al cliente, esto quiere decir que se puede rechazar la petición de la hipoteca. “Los requisitos de solvencia son obligatorios”, apunta Carlos Balado, profesor de OBS Business School. Además, añade que se tendrá en cuenta la estabilidad del empleo. Por ello, considera que la medida no soluciona el problema para la mayoría de los jóvenes de renta baja.