Economía

Encuesta de Condiciones de Vida (INE)

Los jóvenes con dificultades para llegar a fin de mes superan los niveles prepandemia mientras que los jubilados se reducen

El INE pone números al fuerte impacto de la inflación en las cuentas de los jóvenes, el colectivo más perjudicado, mientras los retirados han mejorado su situación económica

Un padre lleva a su hija al Colegio Público Víctor Pradera en Pamplona, Navarra.

Un padre lleva a su hija al Colegio Público Víctor Pradera en Pamplona, Navarra. Eduardo Sanz / Europa Press

La pobreza en España alcanzó en 2023 su mayor nivel desde 2014. La encuesta de condiciones de vida (ECV) que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) aporta un sinfín de datos que completan esa información: uno de cada cinco hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada, siendo el porcentaje más alto desde que existen datos (21%), y casi una de cada diez personas sufre carencia material social severa, su mayor nivel desde hace diez años. Del lado financiero, el 9,3% de la población manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad, un punto y medio más que en 2019, el año inmediatamente anterior a la pandemia.

Lo que muestran estas cifras es hasta qué punto la inflación desbordada ha asestado un grave golpe a las cuentas de miles de hogares españoles, limitando gastos como comer carne o pescado, que se ha convertido en un lujo inalcanzable para muchos, y dificultando otros, como el pago del alquiler.

Ese golpe de la inflación se aprecia mucho mejor atendiendo a los datos por edades, que evidencian cómo el mantenimiento de las rentas de los pensionistas por parte del Gobierno ha conseguido protegerles, al contrario de lo que ha sucedido con los más jóvenes. Así, mientras que el porcentaje de jóvenes con "mucha dificultad" para llegar a fin de mes supera ya los niveles prepandemia, el de los jubilados se ha reducido considerablemente en el mismo periodo, aunque también aumentó en 2022, el año con mayor inflación de la historia de España desde 1986.

De este modo, mientras que en 2019 el 9,7% de los jóvenes entre 16 y 29 años manifestaba graves dificultades para llegar a final de mes, el año pasado ese porcentaje ascendió al 10,2%. Al mismo tiempo, el porcentaje de jubilados que manifestaba la misma dificultad ha pasado del 4,9 al 5,6% al cabo de los mismos cuatro años. En cambio, los jóvenes que aseguran que llegan a final de mes con "dificultad" han aumentado una décima frente a 2019, mientras que en el caso de los jubilados el porcentaje se ha reducido en dos puntos. Son datos que se explican por los todavía elevadísimos niveles de paro de este colectivo, que continúan siendo los mayores de la Unión Europea (UE).

Los jubilados por primera vez tienen una mayor renta media que los trabajadores

La conclusión es que las políticas para tratar de no solo mantener, sino mejorar el poder adquisitivo de los más desfavorecidos, como las constantes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) no han sido suficientes para los jóvenes, ni siquiera para llevarlos a recuperar la situación económica que tenían antes de que estallase la pandemia del covid. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han repetido en diferentes ocasiones que el SMI es "la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral", así como que subirlo beneficia sobre todo a jóvenes y mujeres. Otra iniciativa para combatir la pobreza es el ingreso mínimo vital (IMV), que aún no ha conseguido alcanzar a todos sus posibles beneficiarios.

Con la unión de pensiones e inflación, en 2023 la renta media de los jubilados ha superado a la de los trabajadores del país, antes de la pandemia en niveles prácticamente idénticos. Atendiendo a la renta media anual por unidad de consumo, descontando el alquiler, la encuesta muestra que la de los ocupados es de casi 26.000 euros anuales (+6% en el año de la encuesta), frente a los 26.700 euros que manifiestan registrar los jubilados (+9% solo en 2023). En 2019 ambos grupos aseguraban contar con una renta media de alrededor de los 22.200 euros anuales. Muy por debajo quedan, y quedaban también entonces, las rentas de los parados, con 17.100 euros en 2023 y 13.900 hace cuatro.

Aumentan los pobres jóvenes, disminuyen los mayores

El porcentaje de menores de 18 años con carencia material y severa, como designa el INE a la población que vive en hogares que no pueden comer carne o pescado, irse de vacaciones, afrontar gastos imprevistos o tener un coche, ha subido del 10,1 al 12,3%; el de personas de entre 18 y 64 años ha aumentado del 8,5 al 9,2% y, en contraposición, el de mayores de 65 años ha caído del 8,1 al 5,6%. Así, por ejemplo el porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener vivienda temperatura adecuada subido hasta el 21%, un nivel que nunca se había alcanzado en la historia y que duplica el de 2014, por culpa de la escalada de los precios de la energía.

Las familias monoparentales que no pueden calentar su casa se han triplicado en estos cuatro años

También han aumentado los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, es decir, las familias que viven totalmente al día, del 33,9 al 36,2% desde 2019. Los que no pueden permitirse comer carne o pescado al menos una vez cada dos días han subido del 3,7 al 6,7% en el mismo periodo y, triplicando los niveles de la crisis financiera.

Pero de nuevo los datos son más sangrantes si se clasifican por tipo de hogares. Los ocupados por un adulto y uno o varios niños que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada se han triplicado en estos cuatro años, hasta alcanzar el 33% del total; al igual que los de dos adultos con uno o varios niños, hasta el 17%, mientras que los ocupados por solo una persona se han duplicado, hasta el 24%.

Por comunidades autónomas, en Andalucía la tasa de personas en riesgo de pobreza ha subido este 2023 (del 35,8 al 37,5%), mientras que se ha reducido en regiones como el País Vasco (del 15,7 al 15,5%). Andalucía ostenta el triste récord de contar con la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de todo el país, seguida de Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%) y Castilla-La Mancha (31,7%).

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