El Gobierno espera que se presente una alternativa para contrarrestar la OPA sobre Talgo del grupo húngaro Magyar Vagon. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a la espera de que otros inversores y fabricantes preferentemente nacionales den el paso para hacerse con el histórico fabricante de trenes vasco. Así lo puso de manifiesto este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El Consejo de Ministros tiene en su mano dar el visto bueno a la operación o torpedearla para que la compañía no caiga en manos del grupo industrial que lidera el empresario húngaro András Tombor. La posibilidad de que existan intereses rusos tras la OPA suscita inquietud en el Ejecutivo, pese a que la proponente ha negado cualquier nexo con el Kremlin y el Gobierno de Vladimir Putin.

Puente hizo especial hincapié en la implicación geopolítica de la operación sobre un fabricante con una patente tecnológica -la de la rodadura desplazable- que es clave para trenes que necesitan cambiar de ancho de vía. Especialmente en escenarios como los países bálticos como Letonia, Estonia y Lituania, a donde recientemente viajó el propio Puente.

Allí se está desarrollando un proyecto de alta velocidad con participación de 50 empresas españolas. "Me hablaron mucho de movilidad militar y, ojo, porque el contexto no es fácil y Talgo tiene un material muy sensible en una situación como esta", dijo Puente. "Es una tecnología crítica", manifestó.

La opa presentada ya por el grupo Magyar Vagon tiene detrás también (45%) al fondo estatal húngaro Corvinus, puesto en marcha por el ejecutivo de Viktor Orbán para apoyar la entrada de capital de allí en firmas en el extranjero. Tombor fue consejero en asuntos de seguridad nacional durante el primer mandato de Orbán. A este lado, una de las posibilidades que pende sobre la operación es la entrada del Estado español en el accionariado de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Sería algo similar a lo que se ha hecho tras la entrada de la entrada saudí en Telefónica por parte de STC. La SEPI formalizó la adquisición de un 3,044% del capital social de Telefónica y este lunes alcanzó el 5%. Pero la intención es llegar hasta el 10%. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, no cerró la puerta hace unos días a esta posibilidad, aunque reconoció que el Ejecutivo todavía no tenía una decisión tomada al respecto.

"Observamos la OPA con el máximo cuidado y a la espera de que otros actores entren en juego, entre los que se encuentran inversores y otros fabricantes. Se puede constituir una alternativa sin el auspicio del Gobierno, pero si hubiera que auspiciarla, valoraríamos esa opción. En eso estamos", añadió Puente este lunes respecto a si la alternativa a la opa húngara es española.

El Gobierno puede en último término recurrir al denominado escudo 'antiopas', que está activo hasta que acabe 2024. Tras la pandemia y la guerra de Ucrania, el Gobierno levantó este mecanismo para frenar las posibles entradas hostiles de capital extranjero en firmas españolas que aprovechen una caída de la cotización por la coyuntura.

Caída en Bolsa y pedidos en máximos

Un 40% de la compañía fundada hace ocho décadas por Alejandro Goicoechea y José Luis Oriol Urigüen está en manos del fondo Triatlantic Capital, que controla el capital a través de la sociedad Pegaso Transportation Internacional. La familia Torrente Blasco controla otro 5,03% del capital a través de su family office Torrblas. El resto queda en manos de miembros del Consejo de Administración e inversores minoritarios. Los herederos de los fundadores apenas tienen posiciones que rondan el 1%.

La compañía cotiza en Bolsa desde el 6 de mayo de 2015. De los 9,25 euros a que se colocó entonces se ha desplomado un 55%, hasta los 4,16 euros a que cerró este lunes. A precios de mercado, su capitalización bursátil estaría en
515 millones de euros frente a los 1.265 millones que valía cuando saltó al parqué. El grupo húngaro ha formalizado su oferta a un precio de 5 euros por acción, lo que dejaría el importe de la operación en 619 millones.

Talgo necesita desde hace tiempo un socio industrial que le permita sacar adelante el gran volumen de pedidos que tiene. Su cartera cerró el ejercicio en un nivel récord, con más de 4.200 millones de euros. Casi la mitad, firmados el año pasado. De hecho, fruto en parte de esa congestión en sus fábricas de Las Matas (Madrid) y Rivabellosa (Álava) se han producido retrasos en la entrega de material como, por ejemplo, los trenes del modelo Avril que tienen que conectar la red de alta velocidad con Asturias y Galicia. Las diez primeras unidades han sido transferidas a Renfe con dos años de demora, lo que podría suponer una sanción por encima de los 160 millones.

La compañía con ocho décadas de historia se especializó en trenes de alta velocidad y tiene proyectos repartidos por todo el mundo. Pese a ello, no ha logrado adquirir el tamaño de sus principales competidores en el mercado ferroviario. Ahora, algunos de ellos como la vasca CAF son señalados como posibles candidatos a entrar en el capital en la hipotética contraoferta que espera el Gobierno. También hay otros como el suizo Stadler, con una planta en Valencia y varios pedidos para Renfe, o el francés Alstom que podrían aspirar a ser socios industriales de la firma.

De hecho, Puente se refirió expresamente a ellos durante el desayuno informativo. Cuestionó también que las ocho fábricas que prometen los húngaros supongan un revulsivo para el pico de fabricación que debe afrontar la compañía. "La tecnología de Talgo es muy moderna. No tenemos muy claro que las fábricas de Hungría tengan la capacidad para, en el corto plazo, resolver el problema de falta de producción que tiene Talgo", sostuvo. "No es lo mismo tener una fábrica medio vacía, con una mano de obra acostumbrada, por ejemplo, a molturar, que la tecnología de soldadura de aluminio que no parece que sea eso tan fácil de hacer en Hungría como se dice", abundó.

Incertidumbre para los trabajadores

Los sindicatos miran con recelo la operación por parte de los inversores húngaros. Unos inversores que aseguran que mantendrán los puestos de trabajo, la sede social de la compañía en España y que aumentarán la capacidad productiva.

"El hecho de que una empresa procedente de un Estado tan poco fiable como es la Hungría de Orbán haga una propuesta en un sector tan estratégico, nos debe poner a todos sobre alerta", aseguró también hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

La Sección Sindical de UGT FICA en Talgo dice desconocer los planes del grupo oferente y exige a la dirección de la empresa información sobre el potencial contenido del Folleto de la OPA presentado por el Ganz-Mavag.