El cierre de las centrales nucleares en España parece que no se reconsiderará. La semana pasada la mayoría del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa impulsada por el PP, y que contó con la abstención de Junts y ERC, además del apoyo de Vox y UPN, para instar al Ejecutivo a prolongar la vida útil de estas instalaciones energéticas. Hoy el Gobierno ha asegurado que esa petición "no se puede cumplir" porque "son las empresas las que solicitan o no el cierre": "Son las empresas las que han decidido el calendario de cierre", ha asegurado en la Cámara Baja la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Interpelada por el PP, la también vicepresidenta tercera ha señalado que la medida de iniciar un proceso de desmantelamiento de las cinco centrales y siete reactores nucleares operativos es imparable en un sector como el energético "que está liberalizado".

Aagesen ha recordado que el cierre de las centrales entra dentro de la planificación de transición energética que está permitiendo "que tengamos la energía más competitiva de Europa". Ha reprochado al PP que no aprecie un recurso "que sí aprecia el resto del mundo".

Dar "prosperidad" a los territorios

Respecto al futuro de los entornos en los que ahora se asientan las centrales nucleares, la ministra ha señalado que al contrario que hizo el PP con el cierre de Garoña "sin un plan para el territorio" su gobierno "trabaja para dar soluciones y prosperidad a esos territorios". Sobre la fiscalidad que se aplica a este sector energético, ha recordado que forma parte de un plan para financiar el desmantelamiento de las instalaciones y al almacenamiento de los recursos que el Ejecutivo estima en 20.000 millones de euros: "¿El PP pretende que lo paguen los españoles?".

El diputado popular Guillermo Mariscal ha reprochado a Aagesen que con el cierre que defiende el Gobierno se comprometa el suministro energético en España. Ha recordado que la energía nuclear representa el 20% del 'mix energético'. Su cierre, según Mariscal, "encarecerá la factura eléctrica, aumentará las emisiones y aumentará a dependencia exterior".

Ha recordado a la ministra que no son las empresas las que diseñan las política energética del país sino que es responsabilidad del Gobierno: Han aumentado un 7% las emisiones desde 2020. Cada vez consumimos más energía, ya es el 34% de la generación eléctrica y cuando cierren las centrales llegará al 70%". Mariscal ha concluido afirmando que con esta decisión abocan a España a un "suicidio energético".