Es una operación a dos bandas, entre quienes producen y quienes suministran. Entre las operadoras energéticas y el organismo que gestiona la red eléctrica en España. En toda esa secuencia de la energía nuclear, cuyo futuro ayer cuestionó el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, todos muerden parte de la ‘tarta de beneficios’ que esconde. Incluso el Ejecutivo. Unos en forma de beneficios y otros de impuestos millonarios.

El pleno en el que ayer se debían abordar las causas del apagón se convirtió con la intervención de Sánchez en un ataque directo a las compañías que producen energía nuclear en España y a los agentes que propugnan la prolongación de la vida útil de las cinco centrales y siete reactores operativos en nuestro país.

Sánchez aseguró que las nucleares son compañías presididas por ‘ultrarricos’ que quieren seguir lucrándose de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Valdellós Cofrentes y Trillo. Afirmó incluso que lo que realmente desean es que esa prórroga de la vida útil la sufraguen los consumidores y no las energéticas, que reclaman una reducción de la carga tributaria para hacerlas viables en el futuro. Iberdrola, Endesa y Naturgy son las compañías que controlan las cinco centrales con las que cuenta nuestro país y cuyo desmantelamiento está previsto entre 2027 y 2035.

El presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, es sin duda el hombre de mayor peso e influencia en el mercado energético nuclear. No es la primera ocasión en la que Sánchez se refiere a los elevados ingresos que perciben los altos directivos de las energéticas. Lo hizo durante el fallido intento por prorrogar el impuesto a las energéticas y lo hace ahora para cuestionar los intentos por revertir el calendario de cierre de las centrales acordado en 2019. Tanto Sánchez Galán, como el presidente de Naturgy, Fernando Reynés, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, han apelado a la necesidad de reconsiderar el fin de las nucleares.

Operadoras nucleares y Red Eléctrica

La lista de ‘ultrarricos’ vinculados a las nucleares a las que ayer hizo referencia el presidente del Gobierno la encabeza Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola percibió el año pasado un salario como presidente de la compañía de 14,14 millones de euros, parte de ellos por la gestión de energía nuclear hecha por su grupo. Reynés, el presidente de Naturgy recibió unos ingresos de 5,38 millones de euros. En el caso del CEO de Endesa, José Bogas, según consta en la información remitida a la CNMV los ingresos fueron sensiblemente inferiores; 1,99 millones.

En el debate energético abierto tras el apagón además de sobre los ‘ultrarricos’ de las energéticas y el sector nuclear, Sánchez no parece incluir a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. La entidad es una de las piezas clave en la ruta de las nucleares, es quien distribuye y dimensiona su peso en el ‘mix’ energético. Redeia, como Iberdrola, Naturgy y Endesa, también cotiza en Bolsa y forma parte del Ibex 35.

El foco sobre las energéticas que ayer quiso intensificar Sánchez fue correspondido por parte de la oposición en la figura de Corredor. La expolítica socialistas que Sánchez designó para ocupar su presidencia ocupa uno de los puestos de designación pública mejor remunerados. Corredor lidera una entidad de la que la SEPI posee el 20% de su accionariado y con ello el control de la sociedad. Por esa labor, Corredor percibe unos ingresos anuales de 546.000 euros. Su designación se remonta a 2020 y se ha prolongado hasta 2027.

Siete reactores, cinco centrales

Actualmente Iberdrola es la energética que domina la red nuclear española. Lo hace de manera importante con la propiedad mayoritaria de varias centrales y la participación en todas excepto en Ascó I. En el caso de Cofrentes (Valencia), Iberdrola posee el 100% de la propiedad, el 53% en el la central de Almaraz I y II (Cáceres), el 49% de Trillo I, el 28% de Valdellós y el 15% de Ascó II.   

El consejero delegado de Endesa, Juan Bogas, reivindicó ayer el papel de las nucleares. Lo hizo tras las acusaciones de Sánchez y para asegurar que para que aporten robustez y resiliencia al sistema se debe garantizar su viabilidad económica. Fundamentalmente mediante una rebaja de su carga fiscal. Endesa es la segunda gran energética con presencia en el mercado nuclear español. Posee el 36% de Almaraz y el 100% de Ascó I, además del 85% de Ascó II. En Valdellós, la energética que lidera Bogas posee el 72% de la propiedad. Por último, su presencia es testimonial en Trillo I, con una participación del 1% y un 15,5% de EDP.

Por último, Naturgy, presidida por Francisco Reynés, es la tercera gran compañía con peso en la red nuclear. Supone un negocio menor para la compañía. Lo hace con un 11% de Almaraz y un 34,5% de Trillo I. El propio Reynés también ha pedido que se abra un periodo de dos o tres años para reconsiderar si es necesario revertir.

950 millones en pago de impuestos

Pero el negocio de la energía nuclear no es sólo para las compañías energéticas, también lo es para las arcas del Estado. Sólo el año pasado las cinco centrales pagaron más de 950 millones en impuestos. Centrales como la de Almaraz o Trillo pagaron en impuestos 435 y 180 millones respectivamente el año pasado. El sector recuerda que cerca del 40% de sus costes corresponden al pago de impuestos, fundamentalmente la llamada Tasa Enresa –dirigida a sufragar el coste de la gestión de los residuos nucleares- y el impuesto por el combustible empleado.

Es precisamente la cada vez mayor carga tributaria que deben soportar una de las razones que enfrenta a las compañías y el Ejecutivo. Compañías como Endesa aseguran que el año pasado pagaron 650 millones de euros en impuestos, incluida la Tasa enresa. El sector energético recuerda que en los último cinco años se ha incrementado en un 70% el peso fiscal que soportan. También que lo hace con una carga muy superior al resto de energías y que eso lleva a “asfixiar” a las compañías y poner en riesgo su viabilidad. Es esta una de las reclamaciones que vienen haciendo al Gobierno para negociar una continuidad de las centrales en condiciones menos gravosas.

Un informe de PWc concluía que el sector nuclear en España soporta una creciente carga fiscal con “conceptos redundantes y no justificados” que llevan a hacer “insostenible” económicamente la producción de energía nuclear. Sólo la ‘Tasa Enresa’ aumentó un 30% el año pasado.