A partir del 7 de junio de 2025, España implementará una medida histórica en su lucha contra el fraude telefónico: la prohibición total de las llamadas comerciales realizadas desde números móviles. 

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Esta disposición, recogida en la Orden TDF/149/2025 del Ministerio para la Transformación Digital, busca erradicar las estafas por suplantación de identidad, que han afectado a millones de usuarios mediante tácticas como el phishing o el vishing, según informa Europa Press.

La normativa forma parte de un paquete integral contra el fraude, que incluye el bloqueo automático de llamadas y SMS desde numeraciones no autorizadas. Desde el 7 de marzo de 2025, los operadores ya estaban obligados a interceptar comunicaciones originadas en números no atribuidos a clientes reales, como los que empiezan por 3 o 4. 

Asimismo, se habilitaron los números 800 y 900 —antes exclusivos para recibir llamadas— para emitir comunicaciones comerciales legítimas.

A partir de este sábado, las empresas solo podrán contactar con fines comerciales mediante números geográficos, códigos cortos (como el 1004 de Telefónica) o los prefijos 800/900. 

Los operadores deberán bloquear cualquier intento de usar móviles para estos fines, además de filtrar llamadas internacionales que falseen su origen como números españoles —salvo en casos de roaming—.

La medida aborda un vacío legal persistente: aunque desde 2023 estaba prohibido realizar llamadas comerciales sin consentimiento, muchas empresas eludían la norma alegando "interés legítimo" o bases de datos obsoletas. Según datos del Ministerio, en los dos meses previos a la entrada en vigor de las primeras restricciones, se bloquearon 14 millones de llamadas y 800.000 SMS fraudulentos.

El cambio también facilita la identificación de comunicaciones legítimas: los usuarios verán en sus pantallas si una llamada proviene de numeración comercial autorizada, sin necesidad de aplicaciones externas. 

Para las empresas, supone adaptar sus sistemas de atención al cliente y migrar a los nuevos prefijos, un proceso que contó con un período de adaptación de tres meses tras la publicación de la orden en febrero.

La efectividad de la prohibición dependerá de la coordinación entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —encargada de supervisar el bloqueo de numeraciones no registradas— y los operadores. 

Además, quedan pendientes medidas como la regulación de etiquetas alfanuméricas en SMS, prevista para 2026, que evitará suplantaciones en mensajes de texto.

Esta iniciativa consolida a España como referente europeo en la protección contra el fraude digital, aunque expertos advierten que los estafadores podrían migrar a canales alternativos como redes sociales o correos electrónicos no regulados.

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