El registro de la vivienda de Isabel Pardo de Vera por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a situar en el foco la compra de mascarillas realizada por el administrador de la infraestructura ferroviaria en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión SL, vinculada al empresario Víctor de Aldama.

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Los agentes encontraron un acuerdo del Consejo de Administración de la empresa pública que presidió en el que se ratificaba el contrato de emergencia para adquirir mascarillas de protección FFP2 a la firma clave de la trama de presuntas comisiones ilegales surgida en el seno del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

La empresa pública que por aquel entonces presidía Pardo de Vera realizó la compra de 5 millones de mascarillas por 12,5 millones de euros para repartir entre diferentes entidades públicas como Aena, Enaire, Renfe, la propia Adif, Sepes, Salvamento Marítimo, Seitt, y el personal del Ministerio.

Lo hizo después de que Puertos del Estado hiciera lo propio unos días antes con 8 millones de mascarillas por orden del exministro. La auditoría interna encargada ya por el ahora ministro Óscar Puente tras el estallido del 'caso Koldo' relata cómo dentro de Adif saltaron las alarmas por el perfil de la empresa recomendada por el asesor personal del ex ministro.

Aunque Adif buscó varias opciones, solo presentaron oferta formal para el suministro de mascarillas dos empresas: Soluciones de Gestión e Injoo Technology. Pero se acabó adjudicando todo el pedido a la primera, aunque después se realizó un contrato adicional con la segunda para recibir 1 millón más de unidades.

El Tribunal de Cuentas, eso sí, no encontró en su análisis posterior de los contratos de emergencia alguna irregularidad en los mismos. Y resaltó que se compraron a precios inferiores a los de otras licitaciones de aquellas fechas. Por ejemplo, Correos pagó 3,66 euros por mascarilla y Tragsa, 3,78 euros.

Almacenadas en Villaverde

Dos años después de los pedidos de la pandemia, el administrador ferroviario decidió realizar una nueva compra de mascarillas para tener un stock de emergencia de medio millón de unidades. Según reveló El Independiente, ese material sanitario con el mismo nivel de protección que el adquirido en 2020 permanecía almacenado en el complejo ferroviario que tiene Adif en Villaverde (Madrid). Desde allí se distribuyeron los 5 millones bajo la lupa de la Justicia por el caso Koldo.

Fuentes de la empresa pública explicaron que ya bajo la presidencia de María Luisa Domínguez (Pardo de Vera había ascendido a secretaria de Estado de Transportes), se adjudicó un pedido a la empresa Solfix Engineering de 1,24 millones de mascarillas para uso exclusivo del administrador ferroviario. Tuvieron un precio unitario de 0,098 euros frente a los 2,5 euros que se pagó a Soluciones de Gestión. Y su fecha de caducidad vencía entre enero y marzo de 2025.

En el registro del domicilio de Pardo de Vera, los agentes localizaron el pasado 26 de junio también dos evidencias digitales, un portátil antiguo, un pendrive y una libreta con diversas anotaciones manuscritas. Acudieron al domicilio de la también ex secretaria de Estado de Transportes por orden del juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno. El magistrado apunta a posibles delitos de malversación y tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. Deberá declarar como imputada el próximo 21 de julio. También está llamado a comparecer el director general de Carreteras, Javier Herrero, cuyo domicilio también fue registrado por la UCO.

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