La Comisión Europea ha decidido abrir procedimiento de infracción contra España por su actuación en la opa de BBVA sobre Sabadell. El Ejecutivo comunitario considera que las leyes en las que se ha basado para evaluar y fijar nuevas condiciones a la operación corporativa del banco vasco sobre el catalán infringen varias normas de la UE sobre libertad de establecimiento y circulación de capitales.

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El organismo que preside Ursula Von der Leyen tiene reparos en la forma en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empleado la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la operación después de que la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) diese su visto bueno a la opa tras un año de análisis y sujeta a una serie de compromisos por parte de BBVA para proteger, entre otras cosas, el crédito a las pymes.

La Comisión Europea, según recoge Efe, entiende que no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión del regulador que preside Cani Fernández como decidió hacer el ministro Carlos Cuerpo, tras abrir una consulta pública de una semana -inédita para este tipo de operaciones- en la que recogió el parecer de todo aquel interesado que quisiese aportar algo sobre el impacto de la eventual compra.

La ley española contempla la posibilidad de que el Gobierno module las condiciones de la CNMC y permite imponer otras basándose, eso sí, en criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia. Sin embargo, el margen que tiene el Ejecutivo para endurecer la operación ha generado un debate jurídico, pues algunos como el BBVA entienden que no es tan amplio como el que ha ejercido Moncloa.

Máxime tras haber bloqueado de facto la fusión entre BBVA y el Sabadell durante al menos durante tres años y prohibir ajustes de plantilla vinculados a la opa. El Consejo de Ministros impuso el 24 de junio que "durante los tres próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad".

Fuentes de Economía confirman haber recibido la comunicación de la Comisión Europea, pero defienden el uso que han hecho de las leyes nacionales. "Cabe destacar que se trata por tanto de normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones", explican desde el departamento que dirige Cuerpo.

Asimismo, según las fuentes comunitarias citadas por Efe, Bruselas considera que la ley española de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de 2014, y el real decreto que la desarrolla, de 2015, otorgan al Ministerio de Economía "poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias".

Ese extremo contravendría la legislación comunitaria "al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo (BCE)" en operaciones como la propuesta por el BBVA. Por tanto, la Comisión entiende que España estaría infringiendo las disposiciones de los Tratados de la UE que garantizan la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales y el reglamento sobre supervisión bancaria única. También la directiva y reglamento de requisitos de capital.

El Gobierno tiene ahora dos meses para responder a la carta del Ejecutivo comunitario. Y si este considerara que la respuesta no es satisfactoria, podría llevar adelante un procedimiento de infracción en el que podría llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pedir que se le sancione.

"El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho", añaden desde Economía.

De momento, BBVA ya ha remitido el folleto actualizado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con los nuevos cálculos tras las condiciones adicionales del Gobierno. Las sinergias inicialmente calculadas eran de 850 millones, pero el banco de Carlos Torres reconoce que tardarán más tiempo en materializarse. La idea del regulador es aprobar ese documento antes de final de mes. Tras ello, se abrirá el período de aceptación, en el que los accionistas del Sabadell deberán decir si acuden o no a la opa. Y ese proceso podría no cerrarse hasta septiembre, con la venta de TSB por parte de Sabadell influyendo en el proceso.

Investigación a Italia por Unicredit

El caso español no es el único actualmente activo. Este mismo miércoles, la Comisión Europea comunicó que Italia podría haber incumplido las normas comunitarias sobre fusiones al imponer condiciones adicionales a la adquisición de Banco Popolare Milano (BPM) por parte de Unicredit. El Ejecutivo comunitario también ha iniciado un procedimiento de intercambio de información con las autoridades italianas, a las que ha enviado una carta exponiendo las conclusiones "preliminares" de su investigación.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni debe explicar el decreto con el que impuso condiciones adicionales y que ha sido anulado parcialmente por un tribunal nacional en un "proceso paralelo" al europeo. Según la Comisión, puede constituir una infracción del artículo 21 del reglamento de concentraciones de la UE y de otras disposiciones de la legislación de la UE.

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