El procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por la intervención del Gobierno en la opa de BBVA sobre Sabadell suma un nuevo capítulo a una operación que se alarga desde mayo de 2024. En este caso, el revés comunitario a la decisión del Ejecutivo supone una 'victoria moral' para la entidad que preside Carlos Torres, que siempre consideró que el margen legal con el que contaba Moncloa para frenar su ofensiva era estrecho.

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Todo lo contrario de lo que pensaban en la entidad catalana, cuyos directivos pidieron por activa y por pasiva que Madrid pusiera trabas a la operación corporativa amparándose en la defensa del interés general, pese a haber recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una serie de compromisos.

El procedimiento puesto en marcha por el Ejecutivo comunitario que dirige Ursula Von der Leyen no impide que la operación siga adelante con las restricciones fijadas por Moncloa. Y fuentes del sector financiero interpretan la maniobra de Bruselas como un "aviso" al Gobierno sobre lo poco que gusta en la capital comunitaria la injerencia de los Ejecutivos nacionales en operaciones de este tipo, avaladas por la máxima autoridad en la materia, el Banco Central Europeo (BCE).

Sin ir más lejos, la Comisión advirtió el pasado lunes al Gobierno italiano de que sus condiciones a la compra de Banco BPM por parte de UniCredit podían constituir una violación de la regulación comunitaria sobre fusiones. Y le ha abierto un expendiente.

En el caso español, el Consejo de Ministros dio luz verde a la opa a condición de que ambas entidades funcionen como dos bancos independientes durante al menos tres años (prorrogable a cinco), sin posibilidad de hacer ajustes de plantilla ni de oficinas vinculadas a la operación. Es decir, que la ansiada fusión por parte de BBVA queda vetada de facto e impide alcanzar en el plazo previsto la sinergias inicialmente calculadas en 850 millones de euros por ahorros de costes en personal, tecnología y gastos financieros.

El ejecutivo comunitario pone el foco sobre diversos artículos tanto de la Ley de Defensa de la Competencia (2007) como de la ley de Solvencia Financiera (2014). En su opinión, no se ajustan al derecho comunitario. La primera no permite al Gobierno vetar como tal la compra, pero sí imponer condicionales adicionales que la dificulten. Además, faculta al ministro de Economía para vetar la posterior fusión, en caso de que el BBVA la pidiese una vez que triunfe la opa. Bruselas entiende que así, cuenta con poderes discrecionales y sin límites para decidir sobre este tipo de operaciones corporativas.

Bruselas acusa a España de no cumplir el Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva sobre Requisitos de Capital, así como los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Gobierno tiene dos meses para dar una respuesta a Bruselas, que entiende que las leyes en cuestión otorgan al Gobierno poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos. Algo que, a su juicio, implicaría vulnerar competencias exclusivas tanto del BCE como de la CNMC en virtud de los Reglamentos bancarios a nivel comunitario.

"Esos amplios poderes discrecionales constituyen restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y de movimientos de capitales", llega a decir la Comisión. Tras el revés comunitario, Carlos Cuerpo defendió este jueves que las normativas nacionales en las que se amparó para tomar la decisión de elevar la operación al Consejo de Ministros y para imponer después condiciones adicionales a las fijadas por la autoridad de Competencia llevan vigentes muchos años y han sido usadas para otras tantas operaciones.

En caso de que la respuesta española no convenciese a la Comisión, el procedimiento podría seguir adelante con un dictamen motivado y hacer acabar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE con la amenaza de una multa millonaria sobre la mesa. La iniciativa ha partido no del departamento de la comisaria de Competencia, la exministra española Teresa Ribera, sino del de la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque.

Las fuentes financieras consultadas consideran factible que el Gobierno ofrezca a Bruselas ajustes puntuales en las normas nacionales en cuestión para evitar que siga adelante el procedimiento sancionador, que podría tardar más de un año en resolverse. Fuentes de Economía preguntadas al respecto aseguran que "se va a defender la normativa vigente". Cuerpo aseguró que colaborarán "de manera constructiva" tras defender que la normativa doméstica "está plenamente alineada" con la comunitaria.

Desde Bruselas remarcan que "las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la Unión Bancaria". "Estas fusiones también garantizan una asignación eficiente del capital en toda la UE y que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión del Ahorro y la Inversión", remata el comunicado de la Comisión.

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