El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha defendido este lunes ante el Congreso la intervención del Gobierno en la opa de BBVA sobre Sabadell. El Consejo de Ministros aprobó la operación de compra a condición de que ambas entidades funcionen por separado durante tres años, prorrogables a otros dos.

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"Estamos sentando un precedente por el cual se puede generar en este tipo de operaciones valor para los accionistas de ambas entidades sin que ello vaya en detrimento del interés general", ha defendido ante la comisión del ramo. "Es decir, que el valor que conlleve o que lleve a esta operación no venga únicamente y exclusivamente de sinergias mal entendidas como puede ser las asociadas a despidos o cierre de oficinas", ha sostenido en la Cámara Baja.

Los cálculos de la entidad vasca cuando presentó hace un año la opa rondaban los 850 millones de euros. Unos 300 millones procedían de unos menores gastos de personal, otros 450 millones de menores costes administrativos y tecnológicos, y 100 más de gastos financieros. Tras conocer la posición del Gobierno, la entidad que preside Carlos Torres aseguró que se podrán materializar en su mayoría, pero en plazo más largo del previsto. En todo caso, deberá incluir los nuevos cálculos en el folleto que debe aprobar en los próximos días la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El titular de Economía ha recordado que ambas entidades están "perfectamente saneadas tanto en términos de liquidez como de solvencia, con muy buenas perspectivas hacia adelante". Por lo que, ha argumentado, "no están situaciones problemáticas como puede haberse dado en ocasiones anteriores" que puedan justificar los pretendidos ahorros.

Cuerpo ha comparecido ante el Congreso para dar cuenta, entre otras cosas, del aviso en forma de expediente de infracción que abrió la semana pasada la Comisión Europea sobre la intervención del Ejecutivo en una operación corporativa de este tipo. Bruselas cree que las normas en las que se ha basado el Gobierno para intervenir no se ajustan al derecho de la Unión Europea, pese a que datan de hace una década.

Frente a la advertencia de Bruselas, Cuerpo ha recalcado la normativa nacional usada para tomar su decisión está "perfectamente alineada con la normativa europea tanto en materia de unión bancaria como de libre circulación de capitales".

Y ha defendido que "el Gobierno tiene que tener un elemento de proporcionalidad" y que la ley de defensa de la Competencia le habilita a imponer condiciones adicionales en base a "criterios distintos de los ya evaluadas por otras instituciones como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España o la propia CNMC".

Por ello, ha proseguido, "lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con la operación es que puede generarse valor para los accionistas privados de ambas entidades sin que se vea perjudicado el interés general", ha añadido.

Si la opa sigue adelante, el Gobierno evaluará al cabo de tres años cómo se ha cumplido la protección de esos intereses generales, entre otros los de los trabajadores y de inclusión financiera en materia de oficinas oficinas. Y requerirá un plan hacia adelante sobre cómo se van a seguir protegiendo.

Esta misma semana, el Sabadell tiene previsto presentar su nuevo plan estratégico coincidiendo con la presentación de los resultados trimestrales. Y dará ya una idea al mercado de sus planes de futuro sin tener en cuenta su división británica TSB, de la que ha decidido desprenderse con una venta al Santander, en pleno ataque del BBVA.

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