El Gobierno ultima la regulación del seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos personales ligeros como los patinetes eléctricos. El ministerio de Economía ha abierto una consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se aprobará el Reglamento del seguro obligatorio con el que deberán contar los usuarios a partir de 2026.

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El departamento que dirige Carlos Cuerpo ha puesto en marcha la consulta para recabar la opinión de los sectores y las personas potencialmente afectadas por el desarrollo reglamentario del seguro obligatorio. El procedimiento estará abierto hasta el próximo 24 de noviembre.

"La irrupción masiva de los VPL en la circulación urbana ha generado la necesidad de un marco jurídico que aborde la responsabilidad civil derivada de su uso", argumenta el Ejecutivo en la consulta pública a la que ha accedido El Independiente. Según la misma, actualmente hay una "insuficiencia manifiesta de la protección de las víctimas bajo el esquema de aseguramiento actualmente ofrecido por el mercado asegurador".

El Gobierno modificó hace unos meses la legislación de Seguros de Automóviles para introducir este seguro obligatorio para estos vehículos. La nueva norma considera vehículos personales ligeros a los que circulan por suelo mediante una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos. Su velocidad máxima es de entre 6 y 25 km/h si pesan menos de 25 kg (o de entre 6 y 14 km/h si superan ese peso).

La norma no afecta a los vehículos los diseñados para ser utilizados exclusivamente por las Fuerzas Armadas; a aquellos de personas con discapacidad o con movilidad reducida; ni a las bicicletas de pedales con pedaleo asistido equipadas con un motor eléctrico auxiliar de potencia máxima inferior o igual a 250 w, "cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear".

Según la consulta pública abierta por Economía, "el propósito es aplicar un sistema jurídico protector lo más parecido posible al que rige para los vehículos a motor, buscando una protección más sólida y uniforme para los perjudicados". Y justifica por qué es necesario dar un paso más en la normativa.

Por un lado, el Gobierno señala que en el marco del seguro voluntario actual para los patinetes, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) no opera con sus funciones de Fondo de Garantía. "Esta carencia deja a las víctimas desprotegidas en supuestos críticos donde el mecanismo de seguro privado es inoperativo o insuficiente, tales como cuando el vehículo causante es desconocido o el VPL circula sin el seguro obligatorio preceptivo", añade.

Además, la nueva regulación sobre los patinetes pretende "definir cuándo el VPL está siendo usado conforme a su función de transporte y cuándo no, especialmente en situaciones de intermodalidad (uso combinado) y almacenamiento, para acotar el riesgo asegurado". Asimismo, pretende realizar una "delimitación precisa de los daños materiales cubiertos".

Patinetes 'trucados'

Por otro lado, también pondrá el foco en los patinetes 'trucados'. "El registro y la exigencia de un certificado de circulación deberían evitar que circulen vehículos que hayan sido manipulados en sus características técnicas, un fenómeno habitual que aumenta el riesgo, incluido el de combustión", remata la consulta pública.

El Gobierno defiende que se trata de "extender un modelo ya conocido y
experimentado de los 'vehículos a motor' a esta nueva categoría de vehículos" que proliferan por calles y aceras de todo el país.

Ciudades como Madrid han retirado las licencias a grandes empresas de movilidad que ofrecían la posibilidad de alquilar este tipo de vehículos. Pero muchos usuarios cuentan con uno propio con el que desplazarse. Y ante la ausencia de cobertura aseguradora obligatoria, en cada accidente se abren conflictos legales entre los implicados.

Entre otras cosas, el nuevo reglamento buscará "determinar que el conductor de un VPL es responsable de los daños causados a personas y bienes conforme al régimen de responsabilidad civil y seguro de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor". "Esto incluye la aplicación del sistema legal de valoración de daños corporales, regulado en el título IV de dicha ley", remata el texto de la consulta.

El Consejo de Ministros debe regular también a través de un reglamento el registro público de vehículos personales ligeros del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y los medios de identificación obligatorios que permitan su individualización y deberá entrar en vigor antes del 2 de enero de 2026.

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