La Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha defendido este miércoles la adjudicación de los préstamos a la UTE Indra-EM&E, crédito recurrido por Santa Bárbara Sistemas ante el Tribunal Supremo.

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En una comparecencia ante la comisión de defensa del Senado, Valcarce ha defendido la legalidad y seguridad jurídica de los reales decretos que conceden los préstamos a las empresas del sector de la defensa a través del Ministerio de Industria, entre los que se encuentra el préstamo recurrido por Santa Bárbara ante el alto tribunal. Sin embargo, este recurso, ante un pronunciamiento favorable del Supremo hacia Santa Bárbara, puede poner en peligro los demás préstamos que alcanzan más de 14.000 millones de euros, lo que pondría sobre la cuerda floja los programas de Defensa que permitieron llegar al compromiso con la OTAN del 2%. En esta línea, como adelantó El Independiente, el temor se ha hecho sentir en la cartera de Margarita Robles.

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Ante los programas en el punto de mira, la Secretaria ha dado un paso adelante defendiendo la legalidad de los préstamos concedidos, subrayando que las adjudicaciones se realizaron con el apoyo de técnicos de Defensa e Industria, con el objetivo de favorecer al desarrollo de la independencia tecnológica española y europea. Además, Valcarce ha señalado que "se utilizaron los mismos criterios que se han usado en todos los años desde que esta legislación opera en este país y la Unión Europea", refiriéndose al Artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Entre otros criterios para la adjudicación de estos programas y préstamos 'a dedo' al 0% de intereses, la secretaria ha defendido que las adjudicaciones a la UTE Indra-EM&E, además de los otros proyectos de defensa, se han realizado "priorizando la capacidad industrial de las empresas con conocimiento singular". En otras palabras, las que ofrecían mejores capacidades estratégicas para dichos proyectos, algo que Santa Bárbara no comparte.

Tras la adjudicación de los programas de obuses sobre cadenas y ruedas a Indra-EM&E, la filial española de General Dynamics aseguró en un desayuno informativo ante los medios que la UTE Indra-EM&E "no tiene la capacidad" para desarrollar el programa recurrido, el de los obuses de cadenas y ruedas de 7.200 millones de euros. "Hay evidencias objetivas de que no son (Indra) la única opción porque nuestros vehículos son reales", aseguró Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Poniendo en duda el objeto del recurso presentado por la filial de General Dynamics, la secretaria de Estado de Defensa ha señalado que la propia Santa Bárbara también se vio beneficiada por los préstamos que la misma ha decidido recurrir. "El mismo real decreto con el mismo procedimiento y con las mismas condiciones del Ministerio de Industria prefinancia el programa Pizarro del que es responsable Santa Bárbara Sistemas", ha añadido la Secretaria.

Gracias a este programa, Valcarce señaló que "la carga de trabajo en las fábricas de Santa Bárbara está garantizada", algo que a la propia compañía le preocupa, ya que la compañía informó acerca del descontento de los trabajadores de sus fábricas ante los proyectos adjudicados de menor tamaño monetario. La filial de la norteamericana General Dynamics, además de ser la encargada de modernizar los Pizarro, también forma parte del consorcio liderado por Indra que fabrica los polémicos 8x8, Tess Defence.