La Fiscalía Anticorrupción pide un total de 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, por la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo en el marco del denominado caso 'Cenyt', una de las piezas del caso 'Tándem'.

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El Ministerio Público le atribuye delitos continuados de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos, según ha adelantado el diario Expansión. El escrito de acusación al que ha tenido acceso El Independiente también pide la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 60.800 euros por el presunto espionaje a empresarios, políticos y particulares.

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Pese a lo abultado de petición de cárcel, el máximo de años que podría llegar a cumplir es el triple de la pena más grave que se decrete por cada uno de los delitos que se le atribuya.

Eso sí, el Ministerio Público reclama 174 años de cárcel para Villarejo por los mismos delitos que González, agravados por su condición de funcionario público. Asimismo, pide la pena más elevada para el exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. En total, solicita 243 años para este antiguo comisario de la Policía Nacional.

La fiscal Elisa Lamela solicita además el archivo para al exconsejero delegado del banco durante aquella etapa, Ángel Cano, para que otras acusaciones personadas sí piden penas de prisión.

180 millones de multa para el BBVA

Para BBVA, encausada como persona jurídica, el Ministerio Fiscal solicita una multa de 180 millones de euros por cohecho activo y por descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. Se divide en una multa de nueve millones de euros por un delito de cohecho y otra multa de 172,8 millones de euros por 48 delitos de relevación de secretos.

El caso se refiere a la contratación de la empresa Cenyt, vinculada a Villarejo, para realizar presuntas labores de espionaje a diversas personalidades. El magistrado de la la Audiencia Nacional encargado de la instrucción, Manuel García Castellón, considera que existen indicios suficientes de delito y ha dado paso a la apertura de juicio oral, aunque este aún no tiene fecha prevista.

"Dado que dentro de la entidad no existía ningún programa de control ni mecanismo de supervisión sobre las decisiones ejecutivas adoptadas por su presidente, este pudo autorizar y permitir la utilización de dicho recurso, limitando su conocimiento a un núcleo muy reducido de Altos Directivos y Directivos de los servicios centrales corporativos del banco", dice el escrito sobre los espionajes.