Un juzgado investigará la demanda de Iberdrola contra Red Eléctrica por acusarle del apagón

Un juzgado mercantil investigará el apagón del 28 de abril de 2025 tras la demanda presentada por Iberdrola por presuntos actos de competencia desleal. La compañía eléctrica tomó esta medida después de que, según su versión, Red Eléctrica de España (REE) y Redeia le atribuyeran públicamente la responsabilidad del incidente.

En un auto fechado este martes, al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado nº 15 rechaza los argumentos de REE y Redeia, quienes sostenían que el evento debía dirimirlo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la jurisdicción contencioso-administrativa. De este modo, el juzgado confirma que será la jurisdicción civil la competente, al entender que se trata de un procedimiento "estrictamente mercantil".

Acusación de denigración pública

El magistrado destaca que Iberdrola ejercita una acción de denigración al amparo de la Ley de Competencia Desleal. La demanda se centra en declaraciones públicas que habrían perjudicado su reputación al señalar el supuesto mal funcionamiento de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz, como origen del colapso.

Iberdrola menciona directamente declaraciones de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y de su consejero delegado, Roberto García Merino. La eléctrica sostiene que ambas entidades menoscabaron su crédito en el mercado con informaciones que califica de "falsas, inexactas e impertinentes". Según el auto, el detonante del colapso se atribuyó a una oscilación de 0,6 Hz en dicha planta, la cual, pese a la anonimización de los informes técnicos, fue identificada rápidamente por la prensa.

El foco en el ilícito concurrencial

En su defensa, durante una comparecencia en el Senado el pasado 11 de septiembre, Beatriz Corredor insistió en que la causa del apagón fue el incumplimiento de los grupos convencionales en su obligación de control de tensión. Sin embargo, Iberdrola mantiene que estas afirmaciones constituyen un acto de descrédito empresarial organizado.

El auto judicial, que aún puede ser recurrido, aclara un punto fundamental: el objeto del litigio no es determinar las causas técnicas del apagón ni depurar responsabilidades operativas, sino analizar exclusivamente si existió un ilícito concurrencial por denigración hacia la compañía demandante.