Asegurar el suministro en la red eléctrica cuesta ya el doble que antes del apagón: casi 6.000 millones

El precio de la luz no es la única razón. Ni siquiera es la más relevante. En el incremento de las facturas energéticas que pagan hogares, empresas e industrias, el factor que está provocando un sobrecoste 'invisible' es el funcionamiento de la red eléctrica. Lo hace de modo especial desde el apagón del 28 de abril del año pasado. Asegurar no solo un correcto suministro, un necesario ajuste de oferta y demanda, y una operativa segura de la red está conllevando en los últimos años un coste cada vez más disparado. En lo que llevamos de 2026 el incremento es ya del 41%. El encarecimiento de estos servicios para operar la red, los llamados 'servicios de operación' -que los consumidores pagan en sus facturas- suponen ya más del doble que hace solo dos años.

El 'Observatorio del coste de los servicios de Operación', que agrupa a algunas de las principales asociaciones del sector y agentes empresariales y energéticos, estima que el año 2026 se cerrará con un coste que rondará los 6.000 millones de euros. Supone una cifra que duplica los 2.695 millones de euros que se pagaron por los servicios de operación en 2024 o los 2.400 millones de 2023. Solo entre enero y septiembre de este año el coste ha alcanzado los 4.360 millones de euros, lo que supone un encarecimiento del 41%. Sólo en los primeros quince días de octubre la factura por estos servicios ha alcanzado los 260 millones de euros.

El 'modo reforzado' tras el apagón, uno de los factores que dispara la factura

Desde el Observatorio -al que están adheridas entidades como Aelec, AEGE, Cepyme o ACIE, entre otras- denuncian que el encarecimiento se ha acelerado en poco tiempo. El coste del conjunto de actuaciones técnicas y de gestión para operar correctamente y con garantías la red que lleva a cabo Red Eléctrica se ha disparado. Si en 2024 el coste medio por MWh era de 11,62 euros, en la primera quincena de este mes alcanzaba ya los 25,95 euros el MWh.

Unos costes disparados que se soportan con el pago que los consumidores hacen en sus facturas y que en el caso de los hogares representan ya el 8% del total del pago, pero que en la pequeña empresa es del 11% de su factura eléctrica y en la industria electrointensiva supone ya el 16%.

Los costes para operar el sistema eléctrico se han incrementado tanto que desde el Observatorio aseguran que en algunos momentos ha alcanzado incluso “niveles superiores al propio precio de la energía”. Aseguran que el incremento se ha agravado sin duda por la aplicación del llamado modo reforzado de operación que se acordó tras el apagón: “Este mecanismo se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas”. Subrayan que esta realidad no solo encarece el propio suministro eléctrico, sino que supone un impacto negativo para la competitividad de las empresas que deben asumir una factura mayor por los costes eléctricos de su actividad.

Petición a la CNMC para frenar el impacto en la industria

Para contribuir a una reducción de estos costes y rebajar el perjuicio a la competitividad de las empresas, desde el Observatorio se reclama una mayor transparencia y desglose de los costes que tiene operar el sistema: “Es imprescindible que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada, cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores”, señalan. Reclaman además la publicación detallada y periódica de todos los costes y fijar un calendario para poner fin al uso del modo reforzado de operación de la red.

Se propone evaluar “soluciones regulatorias” que permitan asegurar la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria y logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial. Recuerdan que en la vecina Portugal recientemente el regulador “incluyó un porcentaje, el 40% de los costes del servicio de ajuste, en la tarifa”: “Es lo que estamos proponiendo el sector, que de algún modo, se busque un componente regulado para intentar solventar estos costes. De algún modo, socializa ese coste entre más consumidores y hace que la industria no tenga tanta tensión”.

Junto a ellos plantean avanzar “hacia un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía estratégica”. Señalan que la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, entre otras, “debe consolidarse de forma permanente, evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad”.