Unidos pero no revueltos. Dos de los tres principales sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CCOO)— han conovcado una campaña de movilizaciones por el deterioro de las condiciones laborales de los funcionarios y el bloqueo de las principales negociaciones abiertas con el Gobierno. Aunque cada organización acudirá por separado, ambas coinciden en señalar la falta de avances en materias clave como las retribuciones o la negociación del V Convenio Único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE).
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Por un lado, CCOO se concentrará el próximo 9 de junio frente al Ministerio de Hacienda a las 12:30 para reclamar "un salario mínimo de 1.500 euros netos" para los empleados de la AGE. Por su parte, CSIF iniciará movilizaciones el 11 de junio a las 11:00 frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid para exigir el desbloqueo del V Convenio Único, la regulación de la jubilación parcial, la pormoción interna y la equiparación salarial con otras administraciones públicas.

CSIF denuncia el "abandono absoluto" de la AGE

La secretaria nacional de negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro, ha denunciado este lunes durante la rueda de prensa para presentar el inicio de las movilizaciones el "estado crítico" en el que se encuentra el personal laboral del Estado "por las deficientes condiciones de trabajo que tiene que padecer, con plantillas altamente insuficientes y los pocos medios e incluso obsoletos". Además, ha reclamado equiparar las "tremendas discriminaciones salariales" con respecto a otras Administraciones —según ha denunciado el sindicato, por el mismo puesto, un trabajador de la AGE cobra, de media, 7.380 euros menos— y poner en marcha una "negociación real" sobre las cuestiones "ya pactadas y comprometidas con el Gobierno" pero que siguen sin implementarse.

Dorronzoro ha puesto de ejemplo de este "abandono absoluto" de la Administración Pública lo que ha sucedido con las Ofertas de Empleo Público (OEP) de personal laboral del IV Convenio, que "están sin convocar desde 2023". Es decir, no se han convocado, aunque sí aprobado, las OEP de 2023, 2024 y 2025 para este colectivo, lo que implica 11.020 plazas sin cubrir.

Además, la dirigente sindical también ha denunciado las dificultades que afrontan los trabajadores para promocionar dentro de la propia Administración. Según los últimos datos disponibles de los que dispone la organización, correspondientes a las plazas de promoción interna ofertadas entre 2018 y 2022, el 94% quedaron sin cubrir y el 64% terminaron desiertas. Una situación que CSIF atribuye a la regulación actual del Convenio Único, que, a su juicio, hace "imposible" una verdadera carrera profesional vertical. En este sentido, desde CSIF han asegurado haber planteado en varias ocasiones la modificación de esta normativa, pero denuncian que la Administración rechaza abordar cambios mientras las principales reivindicaciones continúan encalladas en una negociación del V Convenio que, tras año y medio de reuniones, sigue sin avances sustanciales.

Y otro de los puntos de conflicto es la jubilación parcial y la jubilación parcial anticipada. CSIF ha criticado que este derecho, del que disfrutaban los trabajadores laborales de la AGE desde 2022, decayó tras la reforma pactada entre el Gobierno, CCOO y UGT en 2024. Desde entonces, han asegurado que el Ejecutivo se ha limitado a comprometer una futura solución sin adoptar medidas concretas para restablecerlo. Y a estas reivindicaciones se suman otras demandas pendientes, como la implantación efectiva del teletrabajo o la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio.

CCOO denuncia salarios próximos al SMI en la AGE

Por su parte, CCOO justifica su movilización en la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos de la Administración General del Estado. El sindicato ha reclamado garantizar una retribución mínima de 1.500 euros netos mensuales y ha denunciado que cerca de 30.000 trabajadores —el 15% de la plantilla— perciben salarios próximos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Además, han exigido al Gobierno dotar de financiación suficiente al V Convenio Único, desarrollar la carrera profesional e implantar de forma efectiva el teletrabajo, medidas que considera esenciales para reforzar unos servicios públicos que, a su juicio, se encuentran "bajo mínimos".