Hacienda abre la puerta a más cesiones a Cataluña para aprobar la nueva financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Pese a contar con el voto en contra de 13 de 15 comunidades autónomas (incluidas Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE), el Gobierno solo necesitaba el voto a favor de una de las autonomías.

Un modelo pactado bilateralmente con Cataluña, como no podía ser de otra manera, ha sido refrendado por esta autonomía y además se ha sumado Canarias, después de que el Gobierno le ofreciese una financiación adicional de 1.300 millones de euros que se sumarán a los 611 millones planteados inicialmente en la propuesta original. Sea como fuere, el Ejecutivo ha superado el primer trámite de la reforma, pero abre ahora una nueva batalla: conseguir la validación del Congreso de los Diputados.

Sin mayoría parlamentaria, el Gobierno flaquea a la hora de conseguir sacar proyectos legislativos. Por ello, el Ejecutivo deberá buscar apoyos para evitar que la reforma quede bloqueada en las Cortes. Para ello, según señalan para El Independiente fuentes del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo acudirá al Congreso dispuesto a negociar ya que mantiene la "voluntad de llegar a acuerdos". "Nosotros vamos a ir con esto y vamos a ir negociando", apuntan, dejando abierta la posibilidad de introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria.

La clave: Junts

La cuestión es hasta dónde llegará esta negociación. Junts ha señalado en varias ocasiones que no está dispuesto a respaldar la propuesta tal y como ha salido del CPFF y sitúa sus exigencias muy por encima del modelo planteado por Hacienda. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, preguntado por este medio ha respondido que "no daremos nuestros votos a nada que no implique que el dinero de los catalanes se quede en Cataluña".

Por ello, Junts prepara una enmienda a la totalidad con texto alternativo, con la que pretende sustituir el modelo del Gobierno por un sistema de concierto económico para Cataluña. Es decir, la formación independentista reclama, en concreto, que la Generalitat pueda recaudar, gestionar e inspeccionar el 100% de los impuestos generados en Cataluña. Una exigencia que coloca al Gobierno ante una posición complicada.

Además, la consejera catalana de Economía y Hacienda, Alicia Romero, ha pedido precisamente a Junts que permita que la reforma continúe su recorrido en las Cortes para poder abordar allí sus reivindicaciones. "Lo que les pedimos es que permitan la tramitación y que, durante ese proceso, podamos negociar aquellas mejoras que consideren necesarias", ha señalado.

Una posibilidad de negociación que genera inquietud entre las comunidades que han votado en contra de la reforma. El propio consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha advertido de que el modelo todavía puede sufrir modificaciones en el Congreso para conseguir el respaldo de Junts y esta posibilidad le pone "los pelos de punta". Además, ha insistido en que el actual modelo favorece a Cataluña mientras que Castilla-La Mancha queda como la comunidad "peor financiada en términos relativos".

Cesiones a Cataluña

Como señala Ruiz Molina, la negociación parlamentaria parte de un modelo que contempla un trato especialmente favorable para Cataluña ya que fue negociado bilateralmente con esta autonomía. En total, la reforma contempla una inyección de 20.975 millones de euros adicionales al sistema de financiación y Cataluña percibe 4.686 millones, lo que la convierte en la segunda comunidad más beneficiada del reparto, tan solo por detrás de Andalucía, que recibirá 4.846 millones. 

El incremento de recursos se articula, en primer lugar, a través de una mayor cesión de impuestos: el porcentaje de participación autonómica en el IRPF pasa del 50% al 55%, mientras que en el IVA aumenta del 50% al 56,5%. Además, la cesta tributaria se amplía con otros cuatro impuestos cedidos al 100%. En conjunto, estas modificaciones suponen unos 16.000 millones de euros.

El resto hasta alcanzar los 20.975 millones procede de otros fondos y mecanismos adicionales incorporados al nuevo sistema. Entre ellos se encuentran el Fondo Climático y el mecanismo vinculado al IVA de las pymes que suman 3.000 millones en conjunto. La cuestión es que de ellos, el 55% los percibe solo Cataluña.

Y a ello se suma que Hacienda permite que las comunidades financien sus competencias no homogéneas mediante una cesión adicional del IVA de hasta el 90%. Y aquí Cataluña concentra el 43% de las competencias de este tipo entre las quince comunidades de régimen común, por lo que este mecanismo puede elevar los recursos que finalmente obtenga por encima de los 4.686 millones que recoge inicialmente el reparto. Una vía de financiación que queda al margen de la estimación de los casi 21.000 millones adicionales comprometidos para el conjunto de las autonomías. 

Esta configuración es precisamente uno de los motivos por los que Fedea considera que Cataluña es la comunidad que obtiene una de las mayores mejoras del reparto y cuestiona que los mecanismos de nivelación planteados por Hacienda corrijan adecuadamente las diferencias de financiación entre territorios.

Un nuevo fondo para corregir las desigualdades

Y mientras el Gobierno defiende que la reforma permitirá reducir las diferencias de financiación entre las comunidades, Hacienda prepara en paralelo un nuevo instrumento para atender precisamente aquellas desigualdades que no queden resueltas con el modelo.

El Ministerio reformará el Fondo de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales para crear un fondo de convergencia regional que tenga en cuenta factores como la despoblación, la superficie forestal, la población flotante vinculada al turismo o la reindustrialización, según ha señalado este viernes el ministro Arcadi España durante la rueda de prensa posterior al CPFF. La cuantía de este nuevo fondo todavía no está cerrada y se sumará al Fondo de Dinamismo, ya incluido en la propuesta y dotado con 3.000 millones de euros para elevar la financiación de las comunidades que se sitúan por debajo de la media.