Es una carrera que progresa despacio. Mientras la producción de energía limpia en nuestro país avanza a gran velocidad, la electrificación de la economía que debería consumirla sigue estancada. En los últimos diez años, el porcentaje de la actividad económica que funciona con electricidad y no con combustibles fósiles apenas ha aumentado dos puntos, hasta situarse en un 24,7%. O lo que es lo mismo: el 75% de la actividad continúa moviéndose con derivados del petróleo y gas natural, altamente contaminantes.

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El reto que fijó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) era llegar a un porcentaje de electrificación del 34% para el año 2030. Alcanzar este objetivo supondría triplicar el ritmo de crecimiento en los próximos cuatro años. La conexión al 'enchufe' eléctrico de nuestra economía no se ha logrado aumentar de manera significativa en esta década, fundamentalmente por la falta de capacidad de la red eléctrica. El Gobierno anuncia ahora un plan de inversiones de hasta 17.000 millones de euros para mejorar la capacidad, hoy saturada, cuando no colapsada, en muchos puntos del país.

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Este nivel de electrificación contrasta con la alta capacidad de generación de energía renovable –un 57%– que ya ha demostrado España y la potencia instalada creciente que acumula. Se trata de una energía que en muchos casos no encuentra demanda para absorberla y sale al mercado a precios cero o incluso con precios negativos en el mercado mayorista. La razón reside en el moderado nivel de electrificación que aún registran sectores clave como el transporte o la industria, que hace años se consideraba que iban a avanzar mucho más rápido en su proceso de descarbonización.

Transición a dos velocidades: oferta y demanda

La fotografía muestra cómo la transición energética en España avanza a dos velocidades: por un lado la de la oferta y por otro la de la demanda. En el primer caso, España se ha situado en la vanguardia en aspectos como el despliegue de la producción fotovoltaica y eólica, alcanzando cuotas de renovables muy altas en el mix energético nacional, donde representan más del 50% de la generación eléctrica. Sin embargo, en el lado de la demanda que debería poder absorber esa generación limpia, la sustitución de los combustibles fósiles no se está produciendo al mismo ritmo.

El grado de penetración de la electricidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), es especialmente bajo en uno de los sectores clave: el transporte. Es el que está provocando el gran 'cuello de botella' para seguir avanzando en la descarbonización. En España se estima en menos de un 3% el grado de electrificación del total de la movilidad. El petróleo y sus derivados continúan siendo la fuente energética predominante en el parque automovilístico industrial y privado. De los más de 31 millones de vehículos que lo componen, apenas 850.000 cuentan con algún grado de electrificación. El PNIEC planteaba un objetivo de 5,5 millones de vehículos eléctricos para 2030.

Uno de los últimos sectores en reclamar medidas para avanzar más rápido ha sido el del transporte pesado. Suman cerca de 600.000 camiones de gran tonelaje que transportan la mayor parte de las mercancías. Más del 99% de este tipo de camiones pesados, por encima de los 3.500 kilos de peso, siguen circulando con motores fósiles, fundamentalmente diésel. La electrificación aquí es simbólica: ronda entre el 0,2% y el 0,3% del total.

Industria demasiado 'fósil'

Asimismo, la red de puntos de recarga públicos que se ha logrado extender en España resulta insuficiente. Para el transporte pesado apenas existen 24 puntos habilitados en todo el territorio. El bajo grado de electrificación se ve condicionado por esta carencia de infraestructura: el PNIEC preveía para 2025 contar con 100.000 puntos de recarga operativos, pero hoy la red española apenas cuenta con la mitad.

Tras el transporte, la industria es el otro vector determinante que marca el ritmo de descarbonización en nuestro país. El MITECO estima en un 30% el grado de actividad industrial que funciona mediante sistemas eléctricos 'enchufados' a la red, situándose en niveles similares a la media europea. El principal avance se está produciendo en los procesos de baja y media temperatura. Sin embargo, en la industria pesada electrointensiva (siderurgia, cemento y química), la dependencia del gas y los derivados del petróleo sigue siendo demasiado elevada.

En el sector de la edificación y residencial, la situación es algo mejor: el grado de electrificación ronda el 40%. En este caso, la descarbonización avanza a un mayor ritmo gracias al cada vez mayor número de sistemas de climatización mediante bombas de calor y aerotermia, que se están instalando para eliminar calderas de gas. La penetración de sistemas de autoconsumo fotovoltaico también ha contribuido a elevar la electrificación de los hogares.

Sin autonomía energética

Por último, el sector comercial y de servicios sí ha avanzado de manera significativa al contar con un 50% de su actividad electrificada. Sistemas como la climatización, la iluminación o el equipamiento tecnológico hacen que la electricidad sea ya su fuente energética principal.

El avance en estos últimos 25 años ha sido muy limitado: España posee hoy solo cuatro puntos más de electrificación de su economía que en 2001. La saturación de la red de distribución se ha convertido en el principal obstáculo. Un colapso que impide otorgar permisos de acceso a nuevos consumos industriales para la instalación de fábricas, centros de datos, plantas de generación energética, infraestructuras o puntos de recarga.

La preocupación por la tardanza en lograr mayores cuotas de electrificación y autonomía energética inquieta en el conjunto de la Unión Europea. La Comisión Europea ha alertado de que la inestabilidad geopolítica ha vuelto a poner en riesgo la plena seguridad energética de los 27. Su dependencia exterior del gas y del petróleo ha provocado no solo tensiones de suministro, sino un incremento en la factura energética conjunta de 100.000 millones de euros por la compra de hidrocarburos, según datos del Ejecutivo comunitario.

Desde distintos ámbitos como el industrial, el de la automoción o el de los centros de datos, han puesto en la política fiscal y la carga impositiva de la energía el foco para facilitar su desarrollo. Recuerdan que en España, la factura de la luz continúa soportando cargos fijos, peajes y una presión fiscal que merma la competitividad de la electricidad frente a las opciones tradicionales. Mientras los combustibles fósiles -como el gas natural o los carburantes- disfrutan a menudo de un coste de entrada más previsible o de una menor carga impositiva relativa por unidad de energía útil, la energía limpia soporta tributos que encarecen su consumo final. Sin una reforma fiscal verde que penalice las emisiones y reduzca los costes fijos del recibo eléctrico, recuerdan, familias y empresas pueden carecer del incentivo económico necesario para sustituir sus calderas de gas o flotas diésel por tecnologías eléctricas y renovables.