El Instituto Coordenadas advierte de que el decreto de centros de datos daña a España en diez frentes y pide dejarlo al próximo Gobierno

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada considera que el real decreto de centros de datos que el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas, con las Cortes ya disueltas, “perjudica a España como país en diez dimensiones”, y reclama que la decisión quede en manos del Ejecutivo que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo recoge su informe ‘El coste país del decreto de centros de datos: 10 impactos negativos’, en el que reconoce que el objetivo declarado de la norma, ordenar el despliegue y proteger la red, es “legítimo”, pero cuestiona “su diseño, su calendario y su forma de aprobación”.

El proyecto, sometido a audiencia pública entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre, condiciona el acceso a la red de todo centro de más de 1 MW a cuatro exigencias acumuladas: un 80% de consumo renovable nuevo casado hora a hora, con plantas puestas en marcha como máximo 18 meses antes; la clase A europea de eficiencia energética e hídrica; un operador establecido en la UE con datos operativos en territorio comunitario, y recargos de hasta el 500% sobre peajes y cargos, con la pérdida del permiso como sanción última.

El Instituto recuerda que la CNMC comparte el objetivo pero pide rehacer casi todos los instrumentos, y que la patronal SpainDC cifra en 9.000 millones de euros la inversión que tres operadores internacionales frenarían si el texto sale tal cual. El sector estima que puede movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y generar más de 16.000 empleos.

Entre los diez impactos, el informe señala la inversión extranjera, la seguridad jurídica, la calidad institucional, el sistema eléctrico (España registró casi 600 horas de precios negativos en el primer semestre), el agua y el clima, la competencia y el mercado único, la soberanía digital, la estrategia de inteligencia artificial, la cohesión territorial de comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura o Castilla-La Mancha, y la posición de España en Europa.

Precedente de las renovables

El Instituto compara la situación con los recortes retroactivos a las renovables entre 2010 y 2014, que han supuesto más de 2.310 millones de euros reconocidos en laudos, intereses y costas, 13 sentencias en Estados Unidos que obligan a ejecutar laudos por cerca de 935 millones y embargos todavía en curso.

“España ya ha pagado muy caro cambiar las reglas a mitad de partido. Las renovables nos enseñaron que la inseguridad jurídica no sale gratis: se paga en laudos, en embargos y en reputación durante décadas”, afirma Jesús Sánchez Lámbas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas. “Ordenar el despliegue de los centros de datos es necesario, pero hacerlo por decreto, por vía de urgencia y con las Cortes disueltas es repetir el error”, añade.

Sánchez Lámbas pide que el Gobierno deje esta decisión “a quien salga de las urnas” y que se construya “con consenso político, con acuerdos del sector, con la mesa sectorial de las comunidades autónomas y con Bruselas”. “Lo que está en juego no es una industria: es el modelo regulatorio español”, subraya.

Siete recomendaciones

Si finalmente se aprueba, el Instituto propone exigir renovable adicional solo en las horas sin excedente; ampliar a 36 meses la ventana para la generación asociada, con una senda gradual hasta 2030; reconocer el almacenamiento y la gestión de la demanda; priorizar el agua con un umbral hídrico exigente y otro eléctrico más flexible; separar la conexión a la red de las sanciones; respetar el marco europeo, y alcanzar un pacto de Estado digital entre Gobierno, comunidades autónomas y sector. “Ordenar sí; cerrar la puerta a las infraestructuras tecnológicas del futuro y a 66.900 millones en precampaña, no”, concluye el informe.