Adiós a las ZBE sin multas: el Gobierno endurece las normas y obliga a los ayuntamientos a sancionar

El Gobierno ha aprobado este martes la modificación del real decreto por el que se regula la normativa de las zonas de bajas emisiones (ZBE) para garantizar que estas áreas cumplen realmente su objetivo de reducir la contaminación en las ciudades.

La nueva regulación tiene como objetivo acabar con las denominadas ZBE 'fake', es decir, aquellas zonas que existen sobre el papel, pero que apenas limitan el tráfico o no aplican multas a los conductores. Para ello, se obligará a los ayuntamientos a aplicar restricciones efectivas a los vehículos más contaminantes y a sancionar a quienes incumplan las normas.

Las nuevas obligaciones que tendrán que cumplir los ayuntamientos

Según ha informado el Ministerio, las entidades locales obligadas a establecer zonas de bajas emisiones deberán acreditar documentalmente el cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos y corregir las deficiencias detectadas durante los primeros años de implantación de las zonas de bajas emisiones.

Aunque la Ley de Cambio Climático estableció la obligación de crear estas áreas, algunos municipios han aprobado delimitaciones territoriales muy reducidas, han permitido el acceso de prácticamente todos los vehículos o han establecido retrasos prolongados que retrasan la aplicación de las sanciones.

Con el nuevo texto, los ayuntamientos tendrán que comunicar oficialmente cuándo entran en vigor las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos en función de su potencial contaminante. También deberán acreditar que cuentan con sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento para comprobar que las limitaciones se cumplen.

Uno de los principales cambios afecta directamente al régimen sancionador. Las ordenanzas municipales deberán contemplar y aplicar las multas previstas en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a periodos transitorios que retrasen su efectividad. De esta manera, el Ejecutivo pretende que las zonas de bajas emisiones no se queden en una simple delimitación geográfica sin consecuencias para quienes incumplan las restricciones.

Qué ayuntamientos estarán obligados a aplicar las nuevas normas

La nueva regulación afecta a los municipios que tienen la obligación legal de establecer zonas de bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático de 2021 fijó este requisito para las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen determinados valores límite de contaminación.

En total, son 151 ayuntamientos los que deben contar con una de estas áreas, según los datos recogidos en la información sobre la reforma. Sin embargo, su implantación ha sido desigual y todavía existen municipios que no han puesto en marcha las restricciones o que mantienen zonas con medidas poco efectivas.

La modificación también busca reforzar la seguridad jurídica de los consistorios. Algunos proyectos de zonas de bajas emisiones han sufrido problemas judiciales por la falta de justificación de las restricciones. Con la obligación de documentar su funcionamiento y acreditar el cumplimiento de los requisitos, el Gobierno pretende establecer criterios más claros y homogéneos.

Las multas y las ayudas al transporte público, bajo la lupa

El incumplimiento de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento en una zona de bajas emisiones constituye una infracción grave de tráfico. La sanción prevista es de 200 euros, que puede reducirse a 100 euros si se realiza el pago voluntario dentro del plazo establecido.

La reforma no crea una nueva multa, sino que busca garantizar que los ayuntamientos apliquen efectivamente el régimen sancionador que ya contempla la legislación estatal. Por tanto, los conductores que accedan a una ZBE incumpliendo las restricciones municipales podrán ser sancionados conforme a la normativa vigente.

Además, el Gobierno pretende vincular el cumplimiento de estos requisitos a la financiación estatal del transporte público. Los municipios que reciben ayudas para sus redes de autobuses urbanos o interurbanos tendrán que contar con zonas de bajas emisiones que funcionen realmente. El nuevo sistema permitirá revisar si cumplen las condiciones exigidas y retirar las ayudas en caso de incumplimiento. Asimismo, los ayuntamientos que recibieron fondos europeos Next Generation para implantar estas áreas podrían verse obligados a devolverlos si no las ponen en marcha conforme a las condiciones establecidas.