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De Guindos cuestiona que la JUR no publicara el informe sobre Popular

El juez afea al exministro que el Gobierno no pidiera a la institución europea su completa difusión

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía Luis de Guindos ha cuestionado este miércoles que la Junta Única de Resolución (JUR) no publicara íntegramente el informe de Deloitte que sirvió de base a la resolución y posterior venta del Banco Popular en junio de 2017.

De Guindos, que ha testificado por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, se ha referido así a las preguntas del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, muy incisivo con la presunta «falta de transparencia» del organismo europeo, aunque ha defendido que la resolución fue «la mejor opción posible».

En opinión del exministro, de no haberse acordado la operación, que incluyó la venta del banco por el simbólico precio de un euro al Santander, el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre los depósitos bancarios de hasta 100.000 euros, no habría tenido liquidez para afrontarlos todos.

Ello habría supuesto una emisión de deuda del Estado español muy importante que habría restado credibilidad al país, según el exministro, informa Efe.

Una versión que De Guindos ya expuso en el Congreso, donde indicó que la alternativa habría sido «no abrir el banco» al día siguiente y declararlo en concurso de acreedores», escenario que habría provocado «enormes retrasos e incertidumbres sobre la recuperación de sus ahorros» para el más de un millón de hogares depositantes.

Las mismas fuentes destacan que el juez instructor, José Luis Calama, ha centrado por primera vez su interrogatorio en conocer los pormenores de la resolución. Así, prosiguen, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 ha llegado a afear que el Gobierno, en el que entonces De Guindos era ministro de Economía, no solicitara al organismo europeo su difusión.

Solvente hasta el final

De Guindos, que pocos días antes de la resolución reiteró públicamente su confianza en el Popular, se ha mantenido hoy en esta línea y ha aseverado que el banco fue solvente hasta el final.

Sobre su papel como titular de la cartera de Economía en la época de los hechos, ha explicado que si bien es cierto que todo el mundo, incluidos reguladores, directivos del Banco Popular y de otras entidades, despachaban con él, lo cierto es que no se inmiscuía al no ser el organismo regulador.

A preguntas de la defensa del expresidente de la entidad, Ángel Ron, De Guindos ha dicho que no estaba al tanto del encuentro con el BCE que mantuvo Emilio Saracho, al frente del Popular en la última etapa, en marzo de 2017, en la que habría contemplado la resolución como una posibilidad para el banco.

Declara por videoconferencia

El exministro ha comparecido por videoconferencia desde Fráncfort (Alemania), ciudad en la que tiene su sede el BCE. A finales de 2019, el magistrado emplazó a varios testigos, entre ellos De Guindos, que solicitó hacerlo por escrito ya que acudir al juzgado conllevaría desatender sus «responsabilidades profesionales» durante, al menos, el día de su citación.

Aunque insistió para que testificara en persona, «como cualquier ciudadano», Calama finalmente dio el visto bueno a la videoconferencia, aplazada hasta ahora con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.

Dicha fórmula fue utilizada antes por el exministro durante el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, donde también compareció en calidad de testigo.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

El magistrado abrió dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

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