A pesar de los intentos por parte de la Unión Europea por incluir a las pequeñas y medianas empresas dentro de la contratación pública, lo cierto es que todavía queda mucho por hacer. Especialmente en cuanto a las licitaciones por parte de las entidades regionales y locales. Así lo expone el análisis de Gómez-Acebo & Pombo Asociados, basado en los datos de un informe del Comité Europeo de las Regiones.

¿Dónde estamos fallando?

Una de las primeras cosas a tener en cuenta es “revisar” la definición de pyme, especialmente para poder favorecer a las medianas empresas que actualmente no cuentan con ventajas frente a las grandes compañías. Así, estas últimas se benefician de los objetivos estratégicos de adjudicación debido a su estructura (más profesional). A mayor refuerzo de dichos objetivos, mayor es también su ventaja con respecto a la contratación pública.

Pero no es el único obstáculo que se encuentran las pymes. Asimismo, se ven más afectadas por los retrasos en los pagos y por el problema que se encuentran a la hora de interponer recursos, especialmente teniendo en cuenta los grandes costes que les supone.

Otro inconveniente con el que se encuentran las compañías de menor tamaño es el desconocimiento. En este sentido, al no dominar los aspectos esenciales de las licitaciones, hace que tengan una peor posición tanto a la hora de presentarse, como una vez ya adjudicadas y llevadas a cabo.

Soluciones para que las pymes puedan licitar con éxito

Para paliar todos estos problemas, el análisis destaca las recomendaciones del plan de actuación de la Asociación para la Contratación Pública Innovadora y Responsable, publicado en el último trimestre de 2018. En él se apuesta por una financiación europea de contratación pública transfronteriza, así como licitaciones de tipo social, circular, estratégicas y de soluciones innovadoras.

Además, el atraso de las licitaciones a pymes por parte de los entes regionales y locales podría solucionarse a través de la simplificación de procedimientos, dado que son los principales afectados. La creación de diferentes etiquetas y certificados reconocidos en toda la UE podrá ayudar también tanto con la disminución de cargas como con establecer cierta seguridad jurídica.

Contenido elaborado por: Sego finance