El Gobierno ha lanzado una nueva línea de financiación para ayudar a los autónomos y pymes a afrontar la crisis del Covid-19. Esta se lleva a cabo mediante avales de ICO (Instituto de Crédito Oficial) que facilitará el acceso a crédito gracias a una garantía del 80%.

Pero para blindar y proteger en lo posible a los profesionales y empresarios ante esta situación, las entidades financieras están obligadas a cumplir una serie de pautas. Cuestiones que pymes y autónomos deben vigilar que se llevan a cabo, para no hacer frente a costes que no le corresponden. Y aprovechar debidamente este apoyo financiero.

Costes a cargo del banco, no de la empresa

En primer lugar, el banco debe mantener los costes aplicados antes del inicio de esta situación para estas nuevas renovaciones o préstamos. De esta forma se evita que puedan hacer negocio perjudicando a los empresarios que necesitan liquidez.

No habrá un límite de aval por beneficiario, aunque en determinados casos o circunstancias pueden aplicarse condiciones a razón del importe. Asimismo el coste del aval correrá a cargo de la entidad bancaria correspondiente.

Plazos obligatorios

Las operaciones avaladas por esta línea de financiación tendrán un plazo máximo de cinco años. El aval podrá alargarse también hasta esos cinco años, teniendo como duración la misma que el propio crédito.

Las entidades financieras deberán mantener, al menos hasta el próximo 30 de septiembre, los límites de las líneas de circulante concedidas tanto a los beneficiarios de los avales como al resto de clientes.

Por su parte, los trabajadores por cuenta propia y empresarios no tienen derecho a recortar las líneas de financiación o de avales que tuviesen hasta el momento para disfrutar de estas nuevas.