Quim Torra ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Supremo, que supone la confirmación de su inhabilitación para cargo público y el consecuente cese como presidente de la Generalitat. En su recurso de amparo ante el Constitucional, Torra solicita la adopción de "medidas cautelares urgentes" la suspensión de su inhabilitación.
En su escrito, la defensa de Torra señala además la "inusitada celeridad" con la que "minutos después de hacerse pública la sentencia del TS que desestima el recurso de casación, el TSJC ha declarado la firmeza de su sentencia" del 19 de diciembre de 2019 y ordenado su inmediata ejecución.
Torra alega en su recurso a la violación de derechos fundamentales, como la libertad de expresión. El recurso, sin embargo, es una medida instrumental de la defensa de Torra para llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un recurso que el propio presidente cesado anunció ayer en su discurso de despedida del cargo.
Mientras, JxCat y ERC han hecho público ya el documento del pacto entre ambos partidos para gestionar el periodo de interinidad de cuatro meses para el Govern hasta las próximas elecciones autonómicas. Ambos socios han acordado un protagonismo "limitado" de Pere Aragonés, que asumirá la presidencia en funciones. ERC se compromete además a no intentar rentabilizar esta presidencia y a compartir el protagonismo con la portavoz, Meritxell Budó.
Cese en el BOE
Paralelamente, el secretario de Govern, Victor Cullell, ha remitido este martes un escrito al Gobierno para que aclare cuándo se producirá la publicación del cese de Quim Torra en el BOE. El Gabinete Jurídico de la Generalitat entiende que el cese no será efectivo hasta que no se publique en el BOE el real decreto que lo consigna, firmado por el Rey, Felipe VI, y el presidente del Gobierno.
"Para promover el decreto ley" de nombramiento de Pere Aragonés como presidente en funciones y que este asuma las atribuciones del president "es necesaria la previa publicación en el BOE del real decreto de cese del president", afirma el informe jurídico elaborado a petición de la Secretaría del Gobierno catalán.
"La petición de publicación en el BOE se solicita para dotar de la máxima seguridad jurídica las próximas actuaciones del Govern" añaden desde el Palau de la Generalitat.
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